Texto y foto: Verónica Camacho
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán.; 17 de abril de 2015. En sesión extraordinaria de Cabildo, el alcalde Renán Barrera Concha propuso hacer cumplir una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado que señala el pago de unos $27 millones a 13 particulares derivado de una omisión del gobierno estatal en 1999. Durante la sesión nocturna, el primer edil propuso que el pago se cubriera con 250 mil pesos al mes, desde el próximo mes de mayo hasta finales de agosto, ambos del presente año. El resto se pagaría en los ejercicios fiscales subsecuentes. Los regidores del PRI pretendían que se retirara la propuesta para que el Ayuntamiento pagara en una sola emisión los 27 millones.

La síndico municipal Lízbeth Estrada Osorio les hizo percibir el daño que esto ocasionaría al erario y, por ende, la afectación en la prestación de servicios a los meridanos. “Jamás se puede anteponer el interés particular por el interés colectivo”, subrayó, indicando que el pago en una sola emisión implicaría “hacer recortes que obligarían a dejar de prestar los servicios públicos”.

Por la naturaleza del asunto se requería del voto calificado (las dos terceras partes del total de los integrantes del Cabildo). La fracción del PAN y el del PRD, once en total, votaron a favor de la propuesta, pero los cinco ediles priístas presentes lo hicieron en contra. Hubo tres ausencias, una del PAN y dos del PRI. Al no lograrse la votación calificada requerida, el Ayuntamiento queda en riesgo de caer en desacato ante las resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado.
El secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro, manifestó que los regidores del PRI asumieron una actitud irresponsable y, con su actitud asumida, atentaron contra los intereses de los meridanos.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal mencionado fueron a raíz de diversos juicios contenciosos mediante los cuales el órgano colegiado ordenó la devolución del pago del impuesto predial y del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles.

La promoción de los juicios de los particulares se interpusieron en diversas fechas a partir de 2011 y su origen fue por una omisión del Ejecutivo estatal en 1999, que en ese entonces estaba encabezado por Víctor Cervera Pacheco. Dicha omisión ha obligado a la actual administración a pagar 30 millones de pesos anteriormente por los mismos motivos. En total ya son 57 millones de pesos que el Ayuntamiento está obligado a pagar por una falta cometida por otro orden de gobierno.

A raíz del daño ocasionado en el patrimonio municipal, el Ayuntamiento interpuso hace un mes una demanda ante juzgados civiles en contra del Ejecutivo estatal para la reparación correspondiente. La omisión se debió a que uno de los titulares de las dependencias correspondientes no firmó el decreto de la Ley de Hacienda del Ayuntamiento de 1999. Fue en 2012 cuando la administración actual presentó una nueva ley para remediar esa omisión, pero el daño ya estaba hecho.

BANCADA PRIISTA

La bancada del PRI exhibió la simulación del alcalde Renán Barrera por el cumplimiento de un Tribunal que dictó sentencia ejecutoria a favor de 13 particulares que demandaron cobros no reconocidos en el pago de impuestos, pero en dicho acuerdo no incluye un plan de pagos a 13 particulares, que ascienden a más de 27 millones de pesos y que serían pagados en su mayoría por la administración siguiente. “Los regidores del PRI estamos a favor de la legalidad, del estricto cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, es decir de las modificaciones presupuestales, adecuaciones y movimientos financieros para el inmediato cumplimiento total de la sentencia. No estamos a favor de la modalidad de pago propuesta por el alcalde y del endeudamiento a la siguiente administración que proponen, motivo por el cual solicitamos que se retire de la orden del día el presente acuerdo de la manera como está redactado. Tal pareciera que nos quieren sorprender convocados a media noche y simulando un cumplimiento de sentencia. Votemos de inmediato las modificaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento total de las sentencias correspondientes. Nosotros estamos a favor de acatar lo ordenado por la autoridad judicial y que se pague de inmediato el total de la condena, pues no estamos a favor de endeudar a la siguiente administración", dijo el regidor priista Rubén Segura Pérez.

Sin embargo, y ante la falta del voto calificado de ambas propuestas, no se llegó a ningún acuerdo y por consiguiente no se puede dar cumplimiento al punto de la orden del día.
Por su parte el coordinador de la bancada del PRI, Enrique Alfaro Manzanilla, dijo que "es lamentable la simulación del alcalde porque pretende hacer pagos que no están relacionados con la sentencia. Esto es de observancia obligatoria porque estamos para cumplir los acuerdos, ya existe la propuesta de los regidores del PRI, pero lamentamos que con estas acciones veamos a un municipio que no tiene voluntad para cumplir en su periodo de administración. Es muy fácil dejar estas obligaciones a las administraciones siguientes cuando era muy sencillo".

Alfara Manzanilla afirmó que la administración que encabeza Renán Barrera Concha no presentó en tiempo y forma el reconocimiento de esta deuda a Cabildo y lo hace un año tres meses después. Los juicios corresponden a diversos juicios contenciosos en los que se sentenció a esta autoridad a la devolución del pago del impuesto predial base contraprestación así como del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a favor de diversos particulares.

Sin embargo, el alcalde Renán Barrera Concha presenta un acuerdo en Cabildo donde pagará de mayo a agosto la cantidad de 25.000 pesos (de un total de un millón de pesos) y el resto (más de 26 mdp) serán heredados a la próxima administración municipal.


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