Óscar Rodríguez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán/Codhey
La Jornada Maya

2 de marzo, 2016

De acuerdo con el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), la gobernabilidad en los centros de reinserción social es el talón de Aquiles del sistema penitenciario estatal, aunque no la única debilidad. En los llamados centros de reinserción social se detectó que hay internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población carcelaria, cuentan con privilegios, y además se observaron objetos y sustancias prohibidas. Por estas causas, entre otras, el estado resultó reprobado en lo relativo al derecho humano a la seguridad jurídica e integridad física y emocional de las personas detenidas.

En el informe del ómbudsman yucateco, José Enrique Goff Ailloud, se analizan cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; los que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos.

Se señala que las revisiones incluyeron los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Mérida (varonil y femenil), Tekax y Valladolid, además del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama) en la capital yucateca y las cárceles preventivas de los 106 municipios del estado.

Según el texto presentado por la Codhey, en las instalaciones de los Ceresos hay una distribución deficiente de la población, lo que provoca hacinamiento; no existe separación entre hombres y mujeres en las áreas escolares, de visita y servicio médico; hay deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos, tampoco hay prevención y atención de incidentes violentos; la supervisión del funcionamiento por parte de los titulares es deficiente y hay deficiencias en la prevención y remisión de quejas sobre violaciones a los Derechos Humanos.

Sobre la estancia digna, se detectaron deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, así como en la elaboración, distribución, consumo y calidad de los alimentos preparados en los Ceresos.

En cuanto a las condiciones de gobernabilidad, es común la falta de manuales de procedimientos para ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, entre otros; también se señala que el personal de seguridad y custodia para traslados y cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades es insuficiente. El informe alerta que los visitadores observaron áreas de privilegios, en las que a ciertos internos se les permite tener objetos y sustancias prohibidas, y que hay espacios en los que algunos internos ejercen violencia y control sobre el resto de la población.

“Asimismo, se observa insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, que constituyen un apoyo fundamental en la rehabilitación y en el proceso de reinserción social, hecho que vulnera el derecho a la protección a la salud y puede representar efectos negativos para la seguridad de los centros”, cita el informe.

De acuerdo con el análisis de la Comisión, en la imposición de sanciones se observó que no en todos los casos se respeta el derecho de audiencia, ni se realiza en todas las oportunidades la certificación de integridad física durante el cumplimiento de la sanción. En resumen, el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna. De igual forma, en ocasiones se suspenden las visitas, así como cualquier tipo de comunicación, sin notificación a los familiares o defensores.

De igual forma, se detectaron situaciones de riesgo para garantizar el trato digno a los internos durante su ingreso y estancia, tales como la permanencia por más de 18 horas encerrados en una celda, de manera cotidiana. “Se vulnera el derecho de los internos a la defensa y a compurgar su pena privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad”, cita el informe.

[h2]Cárceles municipales[/h2]

En el informe de la Codhey se establece que de la totalidad de las cárceles visitadas, el 69 por ciento no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, lo que deja en estado de indefensión muchos de los derechos de los detenidos, al no tomar en cuenta las reglas mínimas para el arresto de personas que hayan cometido faltas administrativas. Es decir, no son aptas para mantener en encierro a persona alguna. A esto deben añadirse las carencias con las que trabajan las cárceles municipales, en las cuales, por principio, sólo el 20 por ciento proporciona alimentos a los detenidos por lo menos una vez al día, porque no cuentan con el presupuesto para hacerlo.

“De las visitas realizadas, pudo constatarse que el 67 por ciento de las cárceles municipales no cuenta con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 33 por ciento de ellas cuenta con registro de ingreso, y de este porcentaje el 45 por ciento se realiza de manera incompleta”, cita el informe. Se observaron casos como las comandancias de Huhí, Homún, Cuzamá, Chumayel y Mayapán donde la situación se debe, principalmente, al desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias.

De acuerdo con el reporte de la Comisión, en lo que se refiere a la valoración médica de los detenidos se obtuvo que en el 89 por ciento de las 107 cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento debido, principalmente a que no se cuenta con el personal médico que lo efectúe.

Esta situación se añade al menosprecio que una parte de las autoridades entrevistadas hicieron sobre dicha valoración, quienes indicaron que la valoración médica no es necesaria porque el 90 por ciento de los arrestos se relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas.

De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a los detenidos se constató que tan solo en siete de las 107 cárceles conservan las constancias de este hecho. Esto ocurre en Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, que en el 60 por ciento de las celdas, las condiciones son adecuadas, ya que cuentan con ventanas, tragaluz y puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación natural y ventilación.

En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10 por ciento cuenta con ella en el interior; sobre este dato también pudo corroborarse que un 80 por ciento cuenta con iluminación instalada en el exterior, no obstante, debido a la ubicación y características muchas de esas instalaciones resultan insuficientes.

“Ticul, Sacalum, Tzucacab, Yobaín, Peto, Kaua, Tahmek, Dzan, Tecoh y Acanceh son ejemplo de municipios que notoriamente requiere un cambio de edificio debido a que las instalaciones donde están ubicadas actualmente se encuentran en muy mal estado y no representan una seguridad para los detenidos ahí recluidos”, señala el informe.

En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que 77 por ciento de las cárceles tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad. Sin embargo, las condiciones materiales de las mismas, en su mayoría, no son las óptimas, puesto que se encontraron planchas rotas, con exposición de varillas metálicas y dimensiones reducidas.

Con respecto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que gran parte de las cárceles municipales no están diseñadas para cubrir las necesidades de las personas arrestadas o, simplemente, no cuentan con ellas.

Puede hacerse referencia de algunas en las que únicamente se hallan agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta alimentos en descomposición, contribuyendo al mal estado general que predominan en las celdas.

De las condiciones de mantenimiento e higiene de los lugares de aseguramiento, hay que señalar que un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un deterioro notable, pudiéndose encontrar celdas con secciones de techos y paredes desprendidos, pintas en las paredes (grafiti), pisos de tierra, rejas de madera que impiden el paso de luz al interior de las celdas, orificios de desagüe producto de que las tazas sanitarias hayan sido arrancadas, restos orgánicos en paredes y suelo, basura, restos de comida, fauna nociva, principalmente cucarachas, arañas, moscas y roedores.

Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior, debe enfatizarse el olor intolerable que se percibe, no solo en el interior de las celdas, sino hasta sus alrededores, incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de las comandancias; dada la cercanía de éstas con las celdas. La situación pone en evidencia el riesgo a la salud, no sólo de las personas arrestadas sino también de las que se encuentran en contacto diario con dichas instalaciones. Un ejemplo de lo anterior son los municipios de Yobaín, Chemax, Tzucacab, Peto y Dzan.

Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran el diálogo y sometimiento por medio de la fuerza física con el 95 por ciento.

En cuanto a las esposas, únicamente el cinco por ciento aseguró utilizarlas como medio de protección en caso de que los detenidos incurran en actitudes violentas que pongan en peligro la integridad de los elementos policiacos.

[h2]La excepción[/h2]

Al referirse al Ceama, el informe señala que funciona bajo muy buenos parámetros de cumplimiento a los derechos internos. Sin embargo, hay deficiencias en la atención médica, y en la infraestructura, ya que en los módulos existe desgaste por el uso y paso del tiempo, baños que carecen de regaderas y/o llaves mezcladoras, inodoros y mingitorios que presentan óxido, así como la existencia de losas desprendidas en bancas y baños.


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