Diputados desconocen estado de averiguaciones previas

Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

5 de febrero, 2016

Yucatán y Quintana Roo se encuentran entre los estados con un nivel de impunidad catalogado como muy alto, según reveló un estudio dado a conocer el martes por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en voz de su rector, Luis Ernesto Derbez Bautista.

De acuerdo con el informe, el Índice de Impunidad México 2016 fue construido a partir de variables estructurales y funcionales como la cifra negra reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se trata en total de 18 indicadores divididos en sistemas de seguridad y de justicia (parte estructural y funcional), y verticalmente la cifra negra.

El estudio muestra que la variación entre entidades federativas es muy reducida. Los estados con un Índice de Impunidad muy alto son: el Estado de México, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila y Durango.

Al respecto, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Beatriz Zavala Peniche indicó que conoce algunos delitos denunciados que han quedado en total impunidad como el caso de una ejidataria de Conkal, en el que no se ha procedido en términos de justicia.
“Hay delitos que están pendientes por resolverse, hay homicidios, feminicidios, que todavía no son esclarecidos”, concluyó.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Barrera Zavala, consideró que tal estudio pone al descubierto la situación que impera en la entidad en materia de impunidad, a la vez que lamentó que en la pasada glosa del tercer informe de gobierno, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Ariel Aldecua Kuk no haya acudido a comparecer, pues de esta manera se podría conocer el nivel de averiguaciones previas pendientes.

“En general a Yucatán le hace falta mucho, incluso en el ámbito político, y es una demanda de los partidos de oposición: hay funcionarios del anterior periodo que andan campantes, cuando vimos que hicieron mal uso de recursos públicos”, manifestó.

Advirtió que existe una cultura en los cuerpos de seguridad de la entidad de imputarle a un ladrón “todos los delitos” que se hayan cometido en la zona donde llegó a delinquir, lo cual también es una mala práctica.

Por su parte, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verónica Camino Farjat, declinó opinar sobre tal estudio que dijo desconocer, a la vez que comentó que en el estado se manejan tres sistemas de justicia penal para resolver las controversias ministeriales.

“No me atrevería a opinar sobre un estudio como ese sin tener en cuenta las variables y cuáles son las condiciones que nos ponen en relación con otros estados ante la opinión pública”, expuso.

Abundó que durante los tres años de la actual administración estatal se ha trabajado porque la ciudadanía denuncie los hechos delictuosos en la entidad, con el objetivo de que la autoridad tome cartas en el asunto.