Jairo Magaña
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Martes 28 de enero, 2020
En conferencia de prensa para dar a conocer la aplicación de nuevos programas para adquisición de viviendas a través del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), su titular, Rafael Lezama Minaya, dio a conocer la recuperación de 130 viviendas en Campeche, de las que sus propietarios no cumplieron con los pagos de su adeudo, por lo que ahora se ofrecerán a trabajadores con derecho a crédito cuyos ingresos sean desde un salario mínimo, o se ofrecerán a quien más lo necesite.
Las viviendas están distribuidas en diferentes fraccionamientos de la ciudad y dado que hubo un primer comprador, su valor se reducirá al menos en 20 por ciento, y aún están analizando si hay más viviendas en esta situación, pues al estar abandonadas por los motivos mencionados, hay quien aprovecha robar sus materiales y demás aditamentos, como puertas, protectores y ventanales; esto sin mencionar que muchas son nidos de ladrones.
Refirió que por lo general esto sucedía por la estructura de financiamiento que antes tenía el Instituto y que con el gobierno federal actual trabajaron para reestructurar las carteras crediticias, sobre todo para quienes vivieron pagando intereses de más.
Además anunció que en los primeros días de febrero entrará en operaciones el programa [i]Unamos Créditos[/i], el cual permitirá que dos personas sin relación jurídica, como padres e hijos, hermanos y parejas en unión libre, junten sus créditos para adquirir una vivienda de mayor valor y mejor calidad.
En una primera fase, explicó, se implementará con dos participantes, posteriormente será con tres participantes y para 2021 se ampliará a cuatro participantes, en esta modalidad esperan una colocación de 17 mil 650 financiamientos durante 2020 a nivel nacional.
Otra acción para beneficiar a quienes menos tienen y más lo necesitan, dijo, es el diseño de un crédito hipotecario para trabajadores agrícolas, quienes por sus condiciones laborales y los periodos de siembra y cosecha, a pesar de llevar años trabajando de manera formal para la agroindustria, no cuentan con una cotización continua superior a los ocho meses, lo que les impide cumplir con los requisitos para acceder a un financiamiento hipotecario con el Instituto.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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