Texto y foto: Gabriel Graniel Herrera
La Jornada Maya
Ciudad del Carmen, Campeche
Domingo 17 de febrero, 2019
El pesado régimen fiscal a las actividades petroleras, los pasivos laborales y la sobrerregulación burocrática impiden que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda saldar sus deudas, afirmó Javier Zenteno Barrios, abogado general de la empresa, quien sostuvo que la inversión de 5 mil 200 millones de dólares que aplicará la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador es una medida acertada, pero probablemente insuficiente.
De la inversión anunciada, 25 mil millones de pesos, equivalentes a mil 300 millones de dólares, serán destinados para capitalización; mil 800 millones de dólares o 35 mil millones de pesos, a cubrir pasivos laborales; 600 millones de dólares, es decir 11 mil millones de pesos, como ayuda fiscal.
A este monto se sumarán mil 600 millones de dólares más, resultado del combate al robo de combustible, que a precios de hoy significarán 32 mil millones de pesos.
El monto es muy llamativo, la asignación de los recursos es muy específica, pero hay que recordar que la falta de inversión durante muchos años y el régimen fiscal a las actividades petroleras obligó a adquirir deuda, pues Pemex tenía que aportar al gasto público hasta 42 por ciento del presupuesto federal, por lo que quedó sin dinero para generar, producir y desarrollar sus proyectos, además de falta de autonomía para desarrollar políticas de mejora organizacional para ser una mejor empresa.
Zenteno Barrios aseguró que el actual gobierno debe darle a Pemex la posibilidad de cambiar su forma de asignar obras, pasar de las asignaciones a contratos, pues en la figura de asignaciones la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le ha quitado a Pemex dos terceras partes de sus ingresos totales por exploración, perforación y extracción del hidrocarburo, como pago de derechos.
El litigante, experto en la Coordinación de la Comisión de Energía de la Barra Mexicana de Abogados, consideró la sobrerregulación de procesos internos administrativos como un freno al desarrollo y causa de corrupción, que impide la toma de decisiones ágiles y flexibles para que las oportunidades de inversión no sean bloqueadas por burocratismo innecesario.
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