No se pueden argumentar causas de fuerza mayor en exhumación indebida: Sales Heredia

Los presuntos inculpados en los actos de exhumación indebida de más de 350 cadáveres en el panteón Colonia no pueden argumentar causas de fuerza mayor, ya que para llevar a cabo estas acciones es necesario cumplir con un protocolo especificado en la Ley, afirmó el fiscal general de Justicia del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia, al revelar que este lunes se llevó a cabo una inspección en el sitio, vinculada con la carpeta de investigación correspondiente.

En rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Vicefiscalía General Regional de Justicia con sede en Carmen, señaló que la mañana de este lunes, además de participar en la Mesa de la Construcción de la Paz, convocada por la Séptima Zona Naval Militar, se llevó a cabo una inspección en el panteón Colonia, de la isla, vinculada con una carpeta de investigación relacionada con la exhumación “indebida e ilícitamente de más de 350 cadáveres”.

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Sostuvo que se está trabajando en la integración de la Carpeta de Investigación, para identificar a los inculpados en este caso y poder llevarlos ante la justicia.

Negó la posibilidad que los ex funcionarios mencionados en la denuncia interpuesta -siendo estos el ex director de Servicios Básicos, Jahers Echeverría Martínez y el ex administrador de Panteones, José Flores Alejandro-, puedan argumentar como causal de descargo, que se trató de una causa de fuerza mayor, por los efectos de la pandemia por Covid-19. 

“Para proceder a la exhumación de un cadáver, hay que cumplir una serie de requisitos, hay que notificar al Municipio, tiene que concurrir Protección Civil y hasta los Bomberos deben estar presentes en la exhumación de este nivel; este sería el protocolo”.

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Protocolos

Sales Heredia mencionó que para realizar una exhumación, se debe cumplir ciertos protocolos establecidos en la Ley, entre ellos, el dar aviso a los familiares del difunto, “aun en casos de fuerza mayor”.

Indicó que los presuntos responsables de estos actos ilegales podrían hacerse acreedores a una sanción señalada en la Ley, que corre de 3 a 5 años de prisión.

Explicó que este lunes, se llevó a cabo la inspección en el sitio, además de que se ha citado a comparecer a algunos funcionarios vinculados con el tema, para poder reunir los elementos necesarios para judicializar la Capeta de Investigación.

Edición: Laura Espejo