Juez federal protege al ex director del IET de Campeche: taxistas

Lo acusan de aprovechar su cargo para engañar y defraudar a 48 conductores
Foto: Fernando Eloy

Llevan dos años con una denuncia en contra de Candelario Salomón Cruz, ex director del Instituto Estatal del Transporte (IET) de Campeche, por fraude. Un grupo de 48 taxistas pagó por la posibilidad de una concesión de taxi y así dejar de ser ayudantes y pasar a ser propietarios. 

Las concesiones no llegaron y procedieron a la demanda colectiva, pero un juez federal concedió un amparo a Salomón Cruz por 10 mil pesos, pese a que el monto defraudado es de 15 millones de pesos, relataron. 

Taxistas, ayudantes, los conocidos “martillos”, se reunieron en protesta pacífica ante la falta de acceso a la justicia federal, la cual actualmente estudia conceder un amparo a Candelario Salomón Cruz, a quien acusan de aprovechar su cargo de director del IET para engañar y defraudar a 48 conductores. 

Mientras, Salomón Cruz ha sido citado a audiencia por el juez de control del estado, para enfrentar la imputación de los hechos cometidos y un proceso legal; el funcionario ha logrado evadir su responsabilidad con este amparo, y la juez primera de distrito, Gisselle Rodríguez Sebles, le fijó la cantidad de 10 mil pesos para otorgarle una suspensión que no le obligaría obedecer el llamado judicial. 

Los afectados consideran que con este actuar la juez ha dejado a 48 denunciantes y víctimas sin acceso a la justicia, a sus familias sin oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio, por lo que anunciaron que se mantendrán en espera de que la juzgadora resuelva en definitiva el amparo de fondo, lo cual debe tener lugar este 21 de octubre, fecha en la que las víctimas definirán si presentarán queja formal en contra de Rodríguez Sebles ante el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que consideran el otorgamiento de una ventaja indebida a Salomón Cruz. 

José Manuel Pérez Cortázar, señaló que él y sus compañeros no temen denunciar formal y públicamente las anomalías que presenta el proceso judicial pues ya son dos años que comenzaron la lucha contra el sistema que desde hace años protege a funcionarios corruptos y agregó que continuarán hasta recuperar lo pagado para que ellos tuvieran su propia concesión.

 

Edición: Estefanía Cardeña