El equipo jurídico que respalda a los oficiales de Campeche en huelga logró el primer amparo colectivo debido a supuestos descuentos salariales, retención de salarios y amenazas de despido contra quienes mantienen la exigencia de la destitución de Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).
Lo anterior se da mientras Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, mostró apoyo a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, respecto al tema de los policías.
Quienes llevan la parte de defensora legal y jurídica, entre ellos José Luis Flores Pacheco, diputado federal de Morena, y Ricardo Medina Farfán, diputado priista, afirmaron que buscarán los amparos necesarios para salvaguardar los derechos laborales de los agentes, quienes siguen haciendo sus patrullajes por toda la ciudad, mientras otros están en guardia en las instalaciones de la SPSC.
“Van 12 días de manifestación y no queremos que escale a más amenazas pues la Comisión de Derechos Humanos emitió medidas cautelares que hasta ahora ni el gobierno del estado, ni la titular de la SPSC han aplicado, entre ellas, evitar represalias contras las y los agentes manifestantes, así como la separación temporal del cargo a Marcela Muñoz para una investigación correcta, según los testimonios de las mujeres policías”, afirmó Medina Farfán.
Añadió que buscaron en el pleno de la LXIV Legislatura llegar a un cabildeo que permita realizarle algunas preguntas a la gobernadora Layda Sansores, pues mencionó que realizaron una investigación y se descarta la responsabilidad de Muñoz Martínez por un operativo en el penal de San Francisco Kobén que fracasó el 15 de marzo pasado, cuando estuvo en riesgo la vida de al menos 38 elementos policiacos, de los cuales 20 fueron mujeres.
El diputado priista también lamentó la formas en la que Sansores San Román y sus cercanos por todo el trabajo realizado hasta el momento, ya que las demandas de los policías al respecto de sus necesidades y exigencias han sido minimizadas por las autoridades estatales y federales. Igual mencionó que quienes están respaldando a los agentes han recibido mensajes de presión y acoso para dejar varados a los agentes.
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