Derechos Humanos de Campeche responsabiliza a Marcela Muñoz por el operativo en San Francisco Kobén

Mientras la gobernadora de Campeche Layda Sansores San Román intentó quitar responsabilidad del operativo fallido en el Penal de San Francisco Kobén a la jefa del mando policial, Marcela Muñoz Martínez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), en su primer requerimiento, señaló a Muñoz Martínez como responsable de dicho operativo. 

De igual manera, recalcó que la subdirectora del Sistema Penitenciario de Campeche, Natasha Bidault Mnisek, es responsable de dicho fracaso que atentó contra la vida de al menos 38 elementos policiacos, de los cuales 20 fueron mujeres, y 19 reclusos que fueron heridos. Esto, por no solicitar el apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), pese a que el reclusorio cuenta con un área federal. 

En el caso de Bidault Mnisek ya fue dada de baja definitiva por la gobernadora en un intento de acercarse a los agentes policiacos en huelga para convencerlos de regresar a labores; pero el documento de la Comisión recalca que Muñoz Martínez también debe ser separada del cargo, al menos, momentáneamente para que se pueda realizar una investigación adecuada, exhaustiva y con garantía de determinar responsabilidades. 

La Codhecam instruyó a la Secretaría de Gobierno a organizar mesas de trabajo adecuadas y que sean autorizadas por los agentes en descontento y agraviados; además de establecer mecanismos que no permitan represalias a los funcionarios públicos en aras de encontrar soluciones adecuadas para estos.

También señala a la Secretaría de Contraloría para fiscalizar adecuadamente los presupuestos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) dadas las denuncias de condiciones laborales precarias, pues en redes sociales y eventos oficiales se ha dado a conocer la entrega de unidades, uniformes, equipamiento y demás, pero no hay evidencia que esté en uso. Refiriendo a un posible desvío de recursos. 

De no cumplirse estas medidas cautelare indicadas por la Codhecam, el caso podría escalar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Edición: Fernando Sierra