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La Jornada Maya
29/09/2025 | San Francisco de Campeche
Desde la Red de Colectivas Feministas del Estado de Campeche (Redmyh) "denunciamos con firmeza la detención arbitraria, el abuso de autoridad y la criminalización ejercida en contra de las compañeras de la Colectiva Ley Sabina Campeche y del Colectivo 40 horas, quienes, en pleno ejercicio de sus derechos, se manifestaban de manera pacífica en el Congreso del Estado de Campeche", señaló la agrupación en un comunicado tras el arresto de las manifestantes.
"La respuesta del Estado fue la represión: más de treinta elementos policiacos fueron enviados para intimidar, hostigar y detener a tres compañeras. Estos actos constituyen una grave violación a los derechos humanos, además de evidenciar la falta de garantías y de voluntad política para respetar la libertad de expresión y el derecho a la protesta social", añade el texto.
La agrupación añadió que durante el proceso de detención, se documentaron violaciones graves a los derechos humanos, debido a que "las compañeras no fueron puestas de manera inmediata a disposición del Ministerio Público; al llegar a la Fiscalía, no existía causa ni justificación legal alguna para su detención, lo que evidenció el carácter arbitrario y punitivo de la acción policial".
Tras comprobar la ausencia de delito, las compañeras fueron liberadas, pero "el daño ya estaba hecho: fueron privadas de su libertad, criminalizadas y expuestas a hostigamiento; las compañeras y compañeros recibieron golpes y agresiones, resaltando que una de ellas está embarazada y el compañero se encuentra en el Hospital de Especialidades", añade.
"Estos hechos muestran con claridad la ilegalidad y el abuso de poder ejercido por las autoridades, que buscan inhibir la protesta y sembrar miedo entre las mujeres organizadas".
Redmyh añadió que "la protesta social no es un delito, sino un derecho legítimo protegido por la Constitución y los tratados internacionales firmados por México. La criminalización de quienes defienden la vida, el territorio y la justicia no solo atenta contra las personas directamente afectadas, sino que busca sembrar miedo y perpetuar el silencio frente a la violencia estructural".
Asimismo, conforme al artículo 1 constitucional, las autoridades del Estado están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
"Exigimos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado emita de manera urgente recomendaciones respecto al uso excesivo de la fuerza policial, el cual debe de atender al protocolo con perspectiva de género, así como a las irregularidades de las detenciones durante la manifestación", añadieron las integrantes de la agrupación.
"La reparación integral del daño a las compañeras que fueron detenidas arbitrariamente, reconociendo la violación a sus derechos humanos, que se garantice la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica de todas las mujeres, sin represión ni criminalización".
"Que el Congreso y el Ejecutivo impulsen de manera inmediata una Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que asegure condiciones de seguridad, protección y respeto para quienes ejercemos nuestra labor desde el activismo feminista", detallan.
"Nosotras, las colectivas feministas, afirmamos con claridad: no permitiremos actos de intimidación ni represión por parte del Estado. Cada golpe, cada detención y cada acto de violencia contra una compañera es un ataque contra todas. La protesta no se criminaliza", finaliza el comunicado.
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Edición: Estefanía Cardeña
