La Jornada Maya
Campeche
28 de abril, 2015
Unos 500 pescadores ribereños de Sabancuy, Isla Aguada y Atasta cumplieron dos días de bloqueo en la carretera federal 180 (en el tramo que se abre de Champotón a Ciudad del Carmen) para exigirle a Pemex el pago de indemnizaciones por más de 500 millones de pesos derivados de afectaciones a la actividad pesquera por la extracción de hidrocarburos en la zona y para demandar que no desaparezca el Fideicomiso Petrolero.
Los pescadores iniciaron su protesta desde el lunes pasado alrededor de las diez de la mañana, cuando se apostaron sobre el viaducto de Sabancuy, ubicado en la carretera federal Champotón-Carmen. Están encabezados por Jazmín Gómez Bello, representante del despacho legal Bravo de la Ciudad de México, quien aseguró que desde el año 2011 interpusieron una querella legal contra Pemex para que indemnice a los pescadores por los daños ocasionados por la actividad petrolera sin que, hasta el momento, la paraestatal acepte sentarse a negociar.
La gota que derramó el vaso, aseguraron los manifestantes, fue el anuncio de la cancelación del Fideicomiso Pesquero, el cual destinaba alrededor de 30 a 50 millones de pesos cada año para financiar proyectos pesqueros de los hombres del mar que han sido desplazados por la presencia de Pemex en la Sonda de Campeche. La paraestatal anunció que se darán apoyos en especie pero ya no habrá dinero en efectivo.
Los inconformes mantuvieron bloqueos intermitentes en ese tramo de la carretera federal a lo largo del día y sólo permitían el paso de los vehículos de emergencia, principalmente ambulancias. En los momentos críticos del bloqueo, se llegó a formar una fila de más de cinco kilómetros en ambos lados de la carretera. Hasta el cierre de esta edición el bloqueo continuaba, por lo que los manifestantes amenazaron con no suspender el bloqueo hasta llegar a acuerdos concretos con la paraestatal, definiendo los plazo para pagar las indemnizaciones por más de 507 millones de pesos en beneficio de 800 pescadores ribereños y camaroneros afectados por la presencia de la petrolera en esta zona.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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