Comunidad del Ecosur

Texto y foto: Hubert Carrera Palí
La Jornada Maya

Jueves 21 de julio, 2016
San Francisco de Campeche, Campeche

Luego de que Abelardo Briceño Mondoy, comisario ejidal de Vicente Guerrero, Iturbide, denunció amenazas de muerte en su contra y presentó ante la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión de los Derechos Humanos de Campeche, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Sagarpa, 540 firmas de ejidatarios y comuneros que se oponen rotundamente a la siembra de soya transgénica, la comunidad de estudiantes e investigadores del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) se deslindó de las declaraciones que uno de ellos hizo a favor de la siembra de la misma. En tanto, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la CDI buscar y dar a conocer el diagnóstico inicial, así como los programas de trabajo, calendario y presupuestos que establece el Protocolo para la implementación de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas respecto a la siembra de soya modificada en Campeche.

El comisario ejidal de Iturbide llegó a esta capital acompañado de Mario Che Cú, comisario municipal; Agustín Ku Us, secretario ejidal, y José del Carmen Matos, consejero de vigilancia municipal y un grupo más de ejidatarios y comuneros de Vicente Guerrero Iturbide, para presentar un escrito de diez cuartillas mediante el cual manifiestan su rechazo a la siembra de soya transgénica, por los daños y perjuicios que ésta ha causado a la producción de miel y sus cultivos.

Al entregar la documentación, exigieron no se permita la siembra de soya transgénica y se castigue con todo el peso de la ley a quienes desacaten la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Acusaron directamente a Fernando Catzín Aké de ser el principal promotor de la siembra de soya transgénica, pues es propietario de una superficie de 200 hectáreas que alquila a los menonitas dedicados a este cultivo.

Igualmente pidieron a la CDHC, Sagarpa, CIbiogem y CDI, dar marcha atrás a los resultados de las reuniones informativas, pues a ellas sólo asisten productores interesados en apoyar a un puñado de menonitas que habitan en Los Chenes.

Briceño Mondoy aseguró que fue amenazado de muerte por Fernando Catzín Aké si recolectaba firmas en contra y se oponía a que se siga sembrando soya transgénica. ¨Hoy pedimos se suspendan las reuniones informativas hasta que existan verdaderas garantías para darle voz a ambas partes, pues tanto la Sagarpa, CIbiogem y la CDI sólo escuchan y dan las razón a los productores soyeros y no al grueso de la comunidad”, manifestó.

Ecosur desaprueba siembra

Por su parte, en un comunicado respaldado por 75 firmas, estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores del Colegio de la Frontera Sur, se pronunciaron contra el cultivo de soya transgénica, deslindándose así de la declaración que en sentido favorable hiciera el doctor Yuri Peña Ramírez en un programa televisivo local.

“Nos sentimos en la necesidad de expresarnos públicamente con respecto a declaraciones recientes a favor de la siembra de soya transgénica realizadas por el Dr. Yuri Peña Ramírez, investigador de nuestra institución en la Unidad Campeche. Así como reconocemos el derecho del Dr. Peña Ramírez de ejercer su libertad de expresión y de cátedra, también hacemos uso del nuestro, para afirmar que somos muchos miembros de Ecosur que no compartimos sus opiniones sobre los transgénicos. Además, consideramos necesario aclarar ante la sociedad que dicho investigador no habla en nombre la institución, ni de su comunidad científica”, precisa la carta-pronunciamiento.

INAI exige transparencia a CDI

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deberá buscar y dar a conocer el diagnóstico inicial, así como las propuestas de programa de trabajo y presupuestos que establece el Protocolo para la implementación de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas respecto a la siembra de soya transgénica modificada en el estado de Campeche, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado ponente, Joel Salazar Suárez, destacó la relevancia el recurso, toda vez que el derecho de acceso a la información permitirá a las autoridades competentes mostrar que cumplen con el principio de multiculturalidad consagrado en el artículo segundo constitucional y en el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OMT), suscrito por México, mediante el cual el Estado garantiza que no tomará acciones que pongan en riesgo la vida y el florecimiento de los pueblos originarios.

De acuerdo al comunicado de la dependencia, se observó que el sujeto obligado incumplió con lo previsto en la ley de la materia, ya que no realizó una búsqueda exhaustiva de la información, pues omitió turnar solicitud a unidades administrativas adicionales. Por lo anterior, el pleno del INAI modificó la respuesta de la CDI y le instruyó buscar la información y entregarla al particular en los términos referidos.