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Efe
20/06/2024 | Ginebra, Suiza
Las ejecuciones en Irán, un país donde el espacio para la sociedad civil “continúa estando gravemente restringido”, aumentaron 43 por ciento el pasado año hasta totalizar 843, denunció este jueves un informe de la ONU.
Nueve personas han sido ajusticiadas en relación con las protestas iniciadas en 2022 con la muerte de la joven Mahsa Amini, según el informe del secretario general de la ONU, António Guterres, presentado al Consejo de Derechos Humanos por la alta comisionada adjunta para derechos humanos, Nada Al-Nashif.
“El informe deplora la ejecución de dos niños en 2023 y urge al Gobierno iraní a introducir de forma inmediata una moratoria en la pena de muerte como un primer paso hacia la abolición de las ejecuciones de condenados menores de 18 años”, señaló Al-Nashif, quien visitó Irán en febrero.
La “número dos” de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por el incremento del 84 por ciento en las ejecuciones relacionadas con narcotráfico y por el hecho de que las minorías se vean desproporcionadamente afectadas por las penas de muerte, especialmente la baluchi (que habita el sur de Irán y también zonas de los vecinos Afganistán y Pakistán).
En lo que respecta a abusos contra la sociedad civil, Al-Nashif denunció el extendido control de la información que ejerce el régimen iraní mediante bloqueos a redes sociales y presiones a los periodistas, con 49 detenciones de estos profesionales el año pasado.
Similar represión sufren muchos artistas por intentar ejercer la libertad de expresión, subrayó al alta comisionada adjunta, que recordó el caso del rapero Toomaj Salehi, condenado a muerte por sus críticas a la respuesta gubernamental contra las protestas de 2022.
“El informe también describe una atmósfera de intimidación, coerción y represión contra abogados, defensores de derechos humanos y las familias de los participantes en protestas”, aseguró Al-Sharif ante el Consejo.
El documento reconoce algunos avances en los derechos de mujeres y niñas, en particular en materia educativa y participación en la vida pública, aunque subraya que éstas aún se enfrentan a importantes barreras para participar en política, como se evidenció en las recientes elecciones parlamentarias de marzo.
Expresa asimismo preocupación por el proyecto de Ley para la Promoción de la Castidad y el Hiyab, que podría agravar las penas contra mujeres y niñas por no cumplir las estrictas reglas de vestimenta que ya se aplican contra ellas.
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Edición: Ana Ordaz
