La Jornada Maya
Fotos: Cortesía
Mérida, Yucatán
Martes 12 de diciembre, 2017
Universidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo se sumaron a la agenda que reúne esfuerzos de las tres entidades, dirigidos hacia la valoración de la biodiversidad y el desarrollo rural sustentable en la región, a través del Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península (ASPY), por lo que seis instituciones de educación superior de los tres estados firmaron dicho documento, que incluye a la formación como elemento fundamental para el impacto positivo al medio ambiente y la calidad de vida de las nuevas generaciones.
Durante el acto encabezado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, firmaron la declaratoria las Universidades Autónomas de Yucatán (UADY) y de Campeche (UAC), de Quintana Roo, Marista de Mérida, La Salle de Cancún y el Instituto Campechano, quienes se comprometieron a promover la educación, investigación y formación de políticas e intercambios relacionados con el tema.
Asimismo, se convertirán en ejemplos de responsabilidad ambiental mediante sistemas de administración; se asociarán con colegios de los niveles básico y medio superior para ofrecer adiestramiento sobre cómo actuar ante situaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, e incluirán una competencia genérica y transversal para todos los perfiles de egreso.
A un año de la firma del ASPY, Batllori Sampedro destacó que esta iniciativa avanza con miras a un porvenir amigable para la biodiversidad, por lo que se ha encauzado investigaciones y estrategias para la preservación de la selva y la milpa maya, así como de las costas.
El Acuerdo se basa en seis objetivos generales para alcanzar en el 2030, como lograr cero deforestación neta y restablecer dos millones de hectáreas; la intensificación sustentable de la producción agrícola en 250 mil hectáreas y el mismo número en materia ganadera, y la implementación de acciones de reforestación y recuperación en selvas degradadas.
También, asegurar que el 50 por ciento de la extensión terrestre y costera de la Península esté bajo esquemas de conservación y manejo forestal; promover paisajes bioculturales mayas en cinco millones 484 mil hectáreas; atraer recursos de fuentes privadas, equivalentes a la inversión pública dirigida a la economía verde, y restaurar el 20 por ciento de las crestas de arrecifes, junto con el 30 por ciento de playas y dunas costeras alteradas por asentamientos humanos.
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