Especial: Por la dignidad
Frente a todo proyecto que represente la afectación directa a las comunidades indígenas, el Estado tiene la obligación de consultar previamente a los pueblos si otorga su consentimiento para seguir adelante.
La consulta indígena debe ser realizada antes de la aprobación de cualquier proyecto y lo establecido es que aplique durante el proceso de diseño y planeación, de lo contrario, un plan realizado sin el consentimiento de los pueblos podría resultar violatorio de sus derechos.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica que este mecanismo se usa para ejercer el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.
“Un pueblo y una comunidad decide con base en sus usos y costumbres y todo el sistema normativo propio sobre una medida que es susceptible de afectarla. Se puede aplicar en cualquier situación en la que un pueblo indígena quiere realizar un esquema de diálogo interno”, destaca en entrevista.
La realización de la consulta indígena está reconocida en el Artículo 32 de la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos.
La ONU destaca que en México el punto más complicado para cumplir una consulta es la aplicación previa a la realización o construcción de proyectos, como lo marca la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y que suele realizarse después de la afectación.
“En México la mayoría de las consultas han sido posteriores, han sido por sentencia judicial, cuando ya ha sido tomada una decisión por parte de la autoridad de los diferentes órganos de gobierno y la consulta se ha vuelto un trámite que no cumple con todos los propósitos que tiene la obligación internacional en materia de consentimiento”, destaca el organismo internacional.
El gobierno mexicano ratificó el Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OTI) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que lo obliga a cumplir y respetar todos sus artículos, incluido el Artículo 6, inciso A, que establece que el Estado debe consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
El informe de James Anaya, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, destaca que la falta de aplicación de una consulta apropiada lleva a situaciones conflictivas en las que las personas indígenas manifiestan su cólera y su desconfianza, que en algunos casos genera actos de violencia.
El proceso
Jesús Peña destaca que para garantizar una buena aplicación de este mecanismo se deben tomar en cuenta las realidades de cada pueblo y definir la estrategia para acercarle toda la información: “No se puede emitir y conocer una posición si no se tiene toda la información disponible”.
Los habitantes de las comunidades indígenas deben conocer esta información a la brevedad, a través de asambleas informativas, y la consulta deberá incluir a todas y todos los afectados, no debe ser selectiva.
Subraya la importancia de respetar los usos y costumbres de los pueblos y su modelo de organización.
Lo más relevante de la consulta, además de que debe ser previa a la aprobación de un proyecto, es que las autoridades encargadas deben acercarse de buena fe, de lo contrario, “no tiene sentido hacerla”.
Resistencia ante un derecho negado
Pese a que un ejercicio obligatorio establecido a nivel internacional con el fin de garantizar que los pueblos indígenas participen de manera efectiva en las decisiones que les afectan, en México la consulta indígena no es un mecanismo común.
Sin embargo, las comunidades autóctonas tienen la posibilidad de organizar una autoconsulta para no depender de una autoridad que organice el proceso y será válida siempre y cuando cumpla los requisitos esenciales de una consulta, es decir, informar y considerar a todos los integrantes del pueblo.
Además, si en el país existen debilidades en la implementación de la consulta indígena, los pueblos tienen la posibilidad de acudir a los instrumentos de justicia existentes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El relator destaca que la consulta indígena brinda la posibilidad a los pueblos de determinar su propio destino en condiciones de igualdad.
“El deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas en los procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión”, destaca el informe de James Anaya.
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