A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Coahuila ordenó poner en libertad a las mujeres que se encuentren internas en algún centro de readaptación social acusadas del delito de aborto.
La medida surge para acatar la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las sanciones que se apliquen a mujeres y personas gestantes que interrumpen su embarazo.
La declaración de la SCJN invalida la sanción prevista contra el aborto en el Código Penal del Estado, que criminalizaba a las mujeres que realizaban este procedimiento. Las penas a quienes realizaban la interrupción del embarazo iban de uno a tres años de prisión.
“Dicha resolución tendrá efectos retroactivos, y si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto deberá ser puesta en libertad inmediatamente”, publicó el gobierno de Coahuila en un boletín de prensa.
Además, la entidad destacó que la resolución de la SCJN sienta un precedente en todo el país, pues ya es una jurisprudencia gracias a los 10 votos recibidos, lo que quiere decir que la medida aplica en todos los estados.
“Todas las entidades federativas deberán observar el criterio emitido por la Corte de no criminalizar a ninguna mujer por la interrupción del embarazo”, señaló el gobierno local.
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