Antonio Heras
Con la oposición del PAN por considerar que violenta el ejercicio de la patria potestad de los padres y los derechos de los menores de edad, el Congreso de Baja California tipificó los delitos contra la orientación sexual, la identidad y expresión de género, de manera tal que se sancionará a quienes realicen "terapias de conversión".
La iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena fue avalada por 20 diputados durante la sesión del Congreso, por lo que Baja California se convirtió en la octava entidad del país en penalizar este tipo de intervenciones contra las preferencias sexuales disfrazadas de terapias.
Por mayoría se decidió reformar el Código Penal y la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para considerar penas de dos a seis años de prisión y multa de 500 UMAs a quien "realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona".
La penalidad se duplica cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de niñas, niños o adolescentes, de personas con algún tipo de discapacidad o de adultos mayores.
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El juzgador puede imponer, además, una sanción pecuniaria o trabajo en favor de la comunidad di el practicante de la terapia de conversión es el padre, madre o tutor de la víctima.
Si se trata de un médico, terapeuta, sicólogo o funcionario público se castigará con la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión, hasta por un tiempo similar a la pena impuesta. En caso de ser reincidente, la inhabilitación será definitiva.
Este delito se perseguirá de oficio en el caso de víctimas menores de edad o con la presentación de denuncia para su investigación en cualquier caso.
Las “terapias de conversión” son intervenciones para tratar de forzar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, ante el argumento de sus promotores de poder cambiar las preferencias de homosexuales, lesbianas o bisexuales a heterosexuales.
De acuerdo con diversos informes de la ONU, estas prácticas son discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes, que imprimen a quien las recibe dolor físico y mental, además que equivale a una forma de tortura en menores de edad.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), señala que en México cuatro de cada 10 jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBTTI ha reconocido que se les ha violentado, de manera activa o pasiva, para que modifiquen su orientación sexual o su identidad o expresión de género.
La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación considera dañinas estas terapias porque transgrede la salud, invisibiliza la diversidad sexual y estigmatiza a la homosexualidad, mientras que el Colegio de Psicólogos de Baja California consideró que estas terapias refuerzan estereotipos de prejuicios sociales y discriminatorios, además de carecer de sustento ético, médico y científico.
Las diputadas que presentaron esta iniciativa de reformas legales aprobadas primero en la Comisión de Igualdad y Juventudes y después en el pleno son Julia Andrea González, presidenta del Congreso local, y Evelyn Sánchez quien expresó que "no hay nada que curar" y se pronunció por avanzar en nuevos asuntos de la agenda parlamentaria.
Los legisladores que votaron en contra son los panistas Amintha Briceño, Juan Diego Echevarría, Santa Alejandrina Corral y el independiente Miguel Peña, postulado por el PES.
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