Son ciberdelincuentes

A todos nos debe interesar llegar al fondo en la investigación sobre violencia digital, saber cómo y de quién cuidarse. Allí en la Universidad Anáhuac Mayab, Marista y UADY se detectó toda una red de violencia digital que compartía fotografías, videos, contenido sexual de sus compañeras, incluso datos personales como la dirección y sitios de encuentro.

A la Fiscalía de Yucatán se le acabó el tiempo, la presión social aumenta de la mano de las mujeres que han tomado acción, exigen que la autoridad deje de simular que combate estos delitos y que dé un paso al frente al implementar protocolos que garanticen y sancionen a quienes las violenten. Se espera caigan culpables.

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Todo este material circuló libremente ante mil 280 suscriptores de Telegram que se intercambiaban los datos y el material disponible, incluso con algunas “recomendaciones especiales”, sobre tales jóvenes. Hasta el momento sólo hemos visto a las mujeres plantar bandera y pedir cese inmediato de estos hostigamientos, “ahora tenemos que señalar a los agresores, ya no más culpabilizarnos por vivir nuestra sexualidad. Se dice que lo virtual no es real, pero sí daña: cada like, cada comentario, cada vez que se comparte, cada descalificación es mucho peor que un golpe”. Otra de las participantes añadió:

“Los sobrevivientes de la violencia digital sufrimos constante acoso, en nuestro trabajo, en la escuela, en las redes sociales”. Declaraciones vertidas al portal Haz Ruido.

Yucatán ya cuenta con una ley Olimpia, dispone penas de hasta seis años: la ley señala que comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios con contenido íntimo de una persona que tenga mayoría de edad sin su autorización, así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o aporte imágenes.

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Autoridades a la altura de las circunstancias 

No he visto a los rectores de las tres universidades salir y garantizar que han entendido el mensaje y pasan a la acción, y que a partir de este asunto se han tomado serias medidas para defender la integridad de sus alumnas; si acaso han dicho que dejan el manos de las autoridades cibernéticas toda la investigación y está bien, pero ¿y su quehacer interno? ¿Su blindaje institucional?

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¿O acaso están más preocupados por su imagen y el daño a la colegiatura que ello les ocasione?. Creo que tienen una buena oportunidad para dar un fuerte golpe de autoridad sobre el tema y cerrar la puerta a futuras réplicas.

Justicia para Mónica 

Allí mismo, en la fiscalía estatal, queda pendiente en caso de la joven Mónica. Ella lucha para que sus agresores, que difundieron material suyo cuando era menor de edad, sean llevados a juicio.

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Edición: Ana Ordaz