Frente el fetichismo legal de la Procuraduría agraria ¿cómo democratizamos al ejido?

Gabriela Torres-Mazuera y Flavio Ayuso

Desde el 2022 la Procuraduría Agraria ha lanzado un programa para la reformulación de los reglamentos internos en un conjunto de ejidos en la península de Yucatán, introduciendo artículos novedosos para, por ejemplo, la regulación de agrotóxicos, así como impulsando un lenguaje incluyente que reconoce los derechos de hombres y mujeres por igual. Si bien la demanda de actualizar los reglamentos surge de las mismas comunidades, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que ven en el proceso de reformulación una vía para la democratización de las tierras comunales, la manera en que se está llevando a cabo no logra impactar de forma efectiva y positiva en este sentido. Mas bien consolida el fetichismo legal, o el supuesto según el cual la producción normativa y su fijación en papel tendrá efectos instantáneos en una realidad concreta, va contra el principio de progresividad del derecho y frustra las posibilidades de verdadero cambio social en medio rural y ejidal.

El Reglamento Interno ejidal es un instrumento jurídico que tiene por objetivo regular la organización social y económica al interior de los ejidos en apego a la Ley Agraria y la Constitución mexicana. Es, además, una herramienta que permite formalizar las reglas internas de cada ejido en torno a distintos aspectos fundamentales de la gobernanza ejidal. Por tal razón, su formulación o renovación debería conllevar un proceso de participación plural y reflexión colectiva en cada una de sus etapas. 

La reformulación del reglamento interno representa una oportunidad para que los miembros del ejido se familiaricen con la Ley Agraria, y otros marcos legales, tratados internacionales, en concordancia y respaldado de la Constitución Mexicana. Esta tarea es un componente esencial en el ejercicio de la autonomía de la Asamblea General de Ejidatarios, la cual ostenta la máxima autoridad dentro del ejido. 

En acentuado contraste con estos principios, la Procuraduría Agraria empuja a toda prisa “machotes” o modelos estandarizados y mal elaborados, de reglamentos sin impulsar un verdadero proceso de participación incluyente y reflexión colectiva, en ejidos que en muchos casos no solicitaron la reformulación de los reglamentos internos, pero son estratégicos para diversos megaproyectos. Esto es lo que observamos cuando constatamos que un solo visitador o visitadora debe realizar la reformulación de entre 30 y 35 reglamentos en tiempos récord sin generar autodiagnósticos comunitarios, ni dar el tiempo necesario para construir propuestas de regulación, en apego a la Ley Agraria y otras legislaciones, en particular la ambiental. Más grave aún, observamos una falta de capacitación por parte de los funcionarios de la Procuraduría Agraria para trabajar con una adecuación intercultural y perspectiva de género que fomente una auténtica participación de las personas con calidad de ejidatarios y otros sujetos agrarios y residentes de los ejidos, en particular los jóvenes y mujeres.  

Esta situación se vuelve más preocupante cuando, observamos que en la práctica los funcionarios agrarios no siempre comprenden a cabalidad la Ley Agraria, menos aún el enfoque  de género que se intenta impulsar con este programa. Esto sucedió en un ejido en el que el visitador agrario le decía al comisariado ejidal que las parcelas con certificado podrían ser traspasadas a cualquier persona (lo cual es incorrecto), o que el reconocimiento de las mujeres y los hombres como iguales ante la Ley, no implicaría cambio alguno en el ejido. Observamos además que en las denominadas “comisiones redactoras” impulsadas por la Procuraduría Agraria, la participación de mujeres es casi nula, y en los escasos casos donde sí se incluyen, no se fomenta su participación ni se adopta una genuina perspectiva de género.

¿A este respecto surge la pregunta de cuál es el objetivo de la Procuraduría Agraria para promover reglamentos fast-track? Una posible respuesta es la meramente declarativa: decir que se está haciendo algo, en una región que vive hoy la presión del Tren Maya y de múltiples proyectos de desarrollo como los bonos de carbono. Otras posibles respuestas apuntarían a la necesidad de poner las reglas claras para el avance de los megaproyectos y la mercantilización de las tierras ejidales.

En este panorama destaca una contradicción palpable del actual gobierno federal: mientras en discursos públicos se promueve una narrativa de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, así como al medio ambiente sano, estructuralmente, las prácticas de los funcionarios agrarios no muestran cambios significativos. Existe una brecha entre el discurso y la realidad, y esta discrepancia perpetúa desigualdades y subestima la urgencia de implementar medidas y metodologías efectivas para asegurar la participación democrática y reflexión colectiva e incluyente en los ejidos de la Península.

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Edición: Fernando Sierra