Opinión
La Jornada Maya
21/08/2024 | Mérida, Yucatán
El paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al cual se unieron magistrados de circuito y jueces de distrito este miércoles, escala en cuanto a sus repercusiones; no en cuanto a la impartición de justicia, pues se siguen atendiendo los casos catalogados como urgentes, sino en lo que toca a lo que se percibe como una potencial consecuencia para las inversiones.
De acuerdo con el Bank of America (BofA), la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado representa un “muy alto riesgo” para el sector corporativo en México, junto con otras dos iniciativas que forman parte del llamado “Plan C”, que son modificar el estatus de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de empresa productiva a pública, y la eliminación de los organismos autónomos. Si bien el mencionado banco prevé volatilidad en el corto plazo, ha optado por mantener sin cambios su portafolios de inversión en México, alegando que “todavía nos alientan las oportunidades a largo plazo”.
Mientras tanto, en calles, avenidas, noticieros radiofónicos y de TV, la voz de integrantes del Poder Judicial ha adquirido presencia. Cabe aclarar que, en busca de la noticia, las voces que llegan al público provienen de empleados judiciales de distintos niveles, desde jueces y magistrados hasta oficiales y actuarios, por lo que es notorio que existen diferentes percepciones del supuesto potencial daño de la reforma en cuestión. Se va de lo concreto, que es la eventual pérdida de las condiciones laborales y del mecanismo de ascensos, hasta una pretendida puesta en peligro de la seguridad misma de la nación.
Pero también está quedando de manifiesto otra cuestión: en el Poder Judicial ha hecho falta autocrítica para reconocer qué se puede mejorar en cuanto a las condiciones de trabajo de quienes se encargan de atender al público, analizar los expedientes, notificar y presentar proyectos de resolución. Al no existir este ejercicio interno, la consecuencia es que se carece de una propuesta que pudiera contrapuntear la iniciativa presidencial y en la cual el Legislativo hallaría fundamentos para enriquecer la reforma. En este caso, instalar una mesa de negociación resulta una exigencia tardía. En un Poder donde se acostumbra emplazar a las partes, bien pudo anticiparse que la iniciativa sería un hecho y que la mejor defensa habría sido la elaboración de una iniciativa propia, algo que el Presidente les recomendó constantemente.
Igualmente, llamar a la resistencia contra la reforma hasta que sea desechada y se dé paso a la construcción integral del sistema de justicia, resulta un despropósito cuando la iniciativa que está ahora en el Congreso no es la primera que lleva el fin de transformar el Poder Judicial, por lo que tampoco se le puede llamar ocurrencia. Las cicatrices en el tejido social solamente las vislumbran quienes hasta ahora se preocupan porque ahora hay en el Legislativo una mayoría que sí puede aprobar la propuesta.
Ahora bien, habrá que realizar un ejercicio de honestidad y reconocer que muchas voces han quedado fuera. Entre la base trabajadora que inició el paro este lunes hay quienes manifiestan una sincera intención de mejorar y muchas ideas para ello, pero también señalan que la transformación del Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia debe incluir una profunda transformación de las fiscalías y en la capacitación a los policías que son quienes ponen a presuntos delincuentes frente a un juez y presentan las carpetas de investigación. Este tal vez sea el gran pendiente que le quede a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, porque cuando quien deba resolver conforme a derecho, se le entregue una investigación claramente mal hecha, los “sabadazos” seguirán siendo el pan de cada sábado.
Edición: Fernando Sierra
