De relección y corrupción

Con el expreso propósito de combatir la corrupción, se ha reformado la carta magna eliminando la relección de diputados y alcaldes. No estoy seguro de que esto haya sido una buena idea. Un diputado o un presidente municipal corrupto no deja de serlo por el hecho de encontrarse con un límite de tres años para su ejercicio. Si acaso, busca estrategias que le permitan hacerse en menos tiempo con los recursos públicos de que disponga, para satisfacer su apetito personal. Por lo menos a primera vista, la idea que estuvo detrás de quitar el candado de la no relección para presidentes municipales y diputados, tanto locales como nacionales, parecía sensata: un periodo de tres años implicaba uno de aprendizaje, otro de febril actividad en el mejor de los casos, y uno al final para cerrar expedientes, aclarar las cuentas del municipio y sus comisarías, y si las cosas habían marchado bien, entregar alguna obra. La mayor parte de los tres años de gestión pasaba en firmar la documentación correspondiente a los trámites de servicios municipales, que eran preparados y gestionados por servidores públicos de rango menor, pero de más larga permanencia y sólida experiencia. Para los alcaldes ambiciosos, y parcos en escrúpulos, los tres años bastaban apenas para recibir coimas, desviar recursos y generar clientelas que les permitieran buscar nuevos cargos en otro poder u otro nivel de gobierno.

Si es cierto que ahora se construye un régimen que parte del principio de que “no robamos, no mentimos, y no traicionamos al pueblo”, entonces bien merece la pena pensar en un escenario en el que un alcalde, o un diputado, dedican tres años de su vida a cumplir con un programa comprometido en campaña y, si en ese período demuestran ser capaces de llevarlo a cabo, al menos en sus primeras fases, entonces ofrecen su labor al escrutinio de sus electores que, de encontrarse satisfechos con lo realizado, refrendarán con sus votos el deseo de que ese alcalde, o diputado, continúe en el cargo tres años más, para consolidar resultados de su gestión. Limitar la duración de los cargos de elección a tres años, sin posibilidad de relección solamente podrá explicarse entonces en términos de repartir cargos a más miembros del partido en el poder, de modo que queden satisfechos con la idea de que su militancia será recompensada con unos tres años de salarios o dietas, privilegios y oportunidades.

En el caso de los alcaldes y los diputados, tanto locales como federales, esta visión generalizada de que la relección significa un mal en sí misma, hay dos elementos del funcionamiento del estado que sufren un demérito considerable: la planeación y – lo que resulta aún más grave – la noción misma de política de estado, con lo que ello implica de duración y visión de largo plazo. Creo que no sucede lo mismo con el jefe de estado y de gobierno: la no relección presidencial hace sentido desde hace más de un siglo, cuando Madero la propuso como parte del primer lema revolucionario (Sufragio efectivo, no relección), cerrando la puerta para la instauración de regímenes dictatoriales. Pero en el siglo y pico transcurrido desde el triunfo de la gesta revolucionaria, los gobiernos mexicanos no han logrado aún establecer de manera consistente algo que se pueda considerar una política de estado. Hasta la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, parecíamos encerrados en los límites del ciclo sexenal, y la planeación se encaraba con una perspectiva de “borrón y cuenta nueva”. Ahora parecería que el gobierno empieza a proponerse una aproximación de continuidad, aunque resulta en la instauración de una política, no de Estado, sino de partido. Así las cosas, la instrumentación de estrategias transexenales queda sujeta a la capacidad de un instituto político para conservar una clara mayoría, no solamente ganando las elecciones del poder ejecutivo, sino alcanzando a construirla en el poder legislativo. Del judicial no digo nada, en virtud de que lo que sucede actualmente en esa esfera está todavía atravesando por una crisis de pronóstico reservado: no sabemos si terminará en una franca subordinación, y por tanto una propuesta de régimen distinta de lo que hay entendemos como democracia, o si será transformado en un poder de un perfil hasta hoy desconocido.

A decir verdad, este asunto de la no relección para quienes alcanzan cargos que duran solamente tres años, me ha hecho pensar alrededor de la táctica que parece seguir la cuarta transformación alrededor del tema del combate a la corrupción. Como he dicho al principio de esta reflexión, evitar que se les relija no garantiza que dejan de ser corruptos; pero, además, el acabar con la autonomía del órgano responsable de garantizar la transparencia tampoco contribuye a cerrar el camino a la corrupción en las dependencias gubernamentales. Tampoco la elección de personas juzgadoras mediante el voto popular puede asegurarnos que se trate de individuos indudablemente honestos. En fin, una lucha eficaz contra la corrupción tendría que atravesar por la capacitación de los cuadros públicos, el establecimiento de un servicio civil de carrera que asegure promociones y recompensas, la transparencia obligada y vigilada de manera independiente por un organismo distinto de los sujetos obligados, y un sistema de auditorías tanto preventivas como capaces de establecer y ejecutar sanciones severas en todos los casos que lo ameriten. Esto no sucederá en tanto el país continúe atrapado en el apretado cerco de la partidocracia.

Edición: Fernando Sierra