Opinión
La Jornada Maya
17/08/2025 | Mérida, Yucatán
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la presentación de resultados de la medición de la Pobreza Multidimensional 2024, dejó ver una muy importante disminución en este rubro, realizada entre 2016 y el año de la encuesta, equivalente a que en esos ocho años, casi 14 millones de personas dejaron atrás esa condición.
Tanto en la presentación, como en el editorial de este periódico dedicado a la misma, (“Reducir la pobreza, paso a paso”, LJM, 14 de agosto de 2025), se indicó que la pobreza multidimensional es compleja y va más allá del ingreso que pueda tener una persona. Ocurre que la cantidad de dinero obtenida mediante el trabajo y cualquier otra actividad lícita, resulta insuficiente para satisfacer una necesidad compleja y continua, por lo que no está vinculada directamente a los aumentos al salario mínimo o contar con el beneficio del apoyo de un programa como “Sembrando Vida”, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, las Becas Benito Juárez o “65 y más”. Por el contrario, tiene que ver con el acceso a condiciones de vida dignas y a un piso parejo en los servicios que son responsabilidad del Estado.
Es necesario entonces preguntarse cuánto se requiere para superar esta pobreza, porque para ello se requiere que la población tenga garantizado el acceso a servicios dignos y completos en materia de salud, educación, transporte público, seguridad social y vivienda, porque todavía estamos hablando de una media nacional en la que tres de cada 10 habitantes del país no cuenta con alguno de estos servicios en la calidad requerida.
Así pues, independientemente de que haber sacado de la pobreza multidimensional a 13.7 millones de personas en todo el país, más de un millón y medio en la península de Yucatán sea un hecho que no se había visto en más de un siglo, el reto sigue ahí porque las cifras porcentuales más bajas en cuanto a la cantidad de habitantes que enfrentan esta condición siguen siendo de dos dígitos. Estamos hablando de que tomando a Yucatán y Quintana Roo, que se encuentran debajo de la media nacional, se trata de estados en los que el 20 y el 25 por ciento de sus pobladores se encuentran en esta condición.
Nuevamente, es necesario insistir en que no se trata de cuánto dinero tiene disponible una familia, sino de que dicha suma no le alcanza para acceder a la adquisición de una vivienda o si la consigue, ésta no cuenta con agua potable o con vías de acceso pavimentadas. Por eso tiene importancia la protesta realizada por habitantes de la comunidad de Chemuyil, en el municipio de Tulum, Quintana Roo, reclamando ser incluidos especialmente en el programa de Vivienda para el Bienestar.
Vivir en un municipio que no es la capital del estado, o en localidades alrededor de la ciudad que concentra el movimiento económico, independientemente de que se les llame comisarías o juntas municipales, no debiera ser sinónimo de pobreza en ingresos y vulnerabilidad ante la pobreza multidimensional. Al contrario, idealmente, esas localidades debieran ser prioritarias en atención porque son, en su gran mayoría, las que alimentan a todos aquellos que no son productores de alimentos o nutren a todas las empresas y dependencias de las personas que realizan las tareas más rudas.
En justicia, muchos planes de apoyo directo debieran empezar por estas comunidades que, como indica la gente de Chemuyil, suelen ser ignoradas sistemáticamente de todos los planes de desarrollo.
Y ese es el mensaje que quieren dar: que ser originario de una comunidad como Chemuyil no sea una condena a permanecer en condiciones de pobreza: sin acceso a una vivienda propia, con la atención a la salud limitada a un dispensario o al consultorio de una cadena de farmacias, o donde se obligue a migrar a quienes desean estudiar más allá de la secundaria, y menos aún, a ser maltratados cuando buscan incluirse en los programas que pueden beneficiarles.
Edición: Fernando Sierra
