Joana Maldonado / Carlos Águila Arreola
Foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya
Chetumal/Cancún
Martes 14 de mayo, 2018
El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) revocó el acuerdo mediante el que el Instituto Electoral estatal (Ieqroo) había autorizado una consulta pública sobre la operación de plataformas digitales de transporte en el municipio de Benito Juárez.
El Ieqroo tendrá que volver a realizar el análisis y fundamentar, con el apoyo de colegios de profesionistas, la trascendencia de la consulta más allá del municipio, haciendo ya muy difícil que la consulta se realice el 1 de julio como originalmente estaba planeada, tal y como horas antes lo advirtió la presidenta-consejera Mayra San Román Carrillo Medina.
El pleno resolvió revocar el acuerdo del Ieqroo (IEQROO/CG/A-078/18) del pasado 10 de abril, en el que se aprobó realizar dicha consulta hasta en tanto no se cumpla con un análisis nuevo del requisito de trascendencia y pueda el Ieqroo emitir un nuevo informe sobre el cumplimiento de requisitos.
El acuerdo señaló que en el análisis los magistrados no identificaron los elementos mínimos como “repercusión territorial y el impacto a la población” en la calificación de la trascendencia, un requisito en la Ley para poder aplicar una Consulta popular.
El Ieqroo debe cerciorarse de que la consulta popular solicitada por el ejecutivo del estado solamente aplique para el municipio de Benito Juárez y su repercusión recaiga solamente en dicho territorio, “ya que de lo contrario, se estarían conculcando derechos políticos de los ciudadanos de otros municipios que debieron emitir su opinión y no fueron incluidos en la consulta”.
El Teqroo consideró que al aprobarse la elaboración de la Consulta pública, fue omiso al analizar las posibles repercusiones e impacto de la consulta. “La consulta popular violenta los derechos de opinión, petición y decisión de los ciudadanos quintanarroenses en razón de que ésta solamente fue aprobada para celebrarse en el municipio de Benito Juárez”, cita el acuerdo.
Otra de las justificaciones para echar atrás el proyecto fue que el Ieqroo no consultó al Instituto Nacional Electoral (INE) para la consulta, y es que al pretender realizarla el 1 de julio la convirtió en un ejercicio concurrente con las elecciones federales.
Tampoco se establecieron normas de contingencia en caso de disturbios el día de las votaciones y, por último, los promoventes de la consulta no hicieron el ejercicio extensivo a todos los ciudadanos, lo que vulneró los principios de legalidad y certeza de los ciudadanos.
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