Joana Maldonado
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Jueves 22 de marzo, 2018
En la revisión de las cuentas públicas del 2016 que inició este miércoles la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, se hallaron observaciones no solventadas por dos mil 970 millones de pesos del periodo borgista que derivó una denuncia en contra de 35 ex servidores públicos, de éstos, diez millones se detectaron en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de un gasto en alimentos que no pudo comprobarse.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la XV Legislatura, Emiliano Ramos encabezó la reunión con el auditor superior, Manuel Palacios Herrera precisó que en sesión de la Comisión, fueron aprobadas las cuentas públicas del Sistema DIF estatal, y los DIF de los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Cozumel y Isla Mujeres así como del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial con las observaciones que incluso derivaron denuncias penales en contra de 35 ex servidores públicos.
El diputado perredista informó que el informe de resultados fue recibido desde septiembre del año pasado y que la XV Legislatura tiene hasta mayo para aprobarlas.
En este sentido dijo que los dictámenes aprobados, en el caso del Ejecutivo del ejercicio mayoritariamente borgista, la ASEQROO informó de la denuncia de dos mil 970 millones de pesos con respecto a 15 dependencias del gobierno del estado, de los cuáles mil 800 son por recursos mal aplicados por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedaru), relativos a la entrega de supuestos apoyos en los que se falsificaron firmas de los beneficiarios.
Asimismo, el monto incluye una cifra de 574 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que no pudo acreditar el uso de los recursos, así como 305 millones de pesos que no son producto de denuncias ante la Fiscalía General.
El diputado dijo que se llevan a cabo procesos resarcitorios de la administración anterior, y que incluyen diez millones de pesos del Sistema DIF estatal por un concepto de alimentos que no pudieron comprobarse.
“Por un monto de 10 millones de pesos no se pudo acreditar, aunque en su momento entregaron documentación, fue insuficiente porque no se pudo acreditar que esos 10 millones de pesos que se usaron fueron para adquirir materia prima para los comedores del DIF, y no se pudo acreditar que hubiera la entrega de estos productos más allá de la factura, por lo que está siendo parte de un proceso resarcitorio”, refirió.
[b]Advierte auditor[/b]
A su salida de la reunión, el auditor Manuel Palacios Herrera habló de la serie de procedimientos legales que aún debe atender la Fiscalía Especial Anticorrupción en el entendido de que hay recursos que deben ser resarcidos por los ex servidores públicos.
El Auditor reconoció que aún no hay procedimientos en contra de los 35 ex servidores públicos aunque aclaró que es un tema que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción.
Palacios Herrera refirió que las observaciones por 305 millones de pesos aún no son solventadas y se encuentra la etapa de derecho de audiencia y confronta y advirtió que de no cumplir con las observaciones, se procederá administrativa y penalmente.
En otro tema, el Auditor dijo que el 30 de abril vence el plazo para que las 104 entidades entreguen sus ejercicios fiscales de 2017 en donde se practicarán 243 auditorías.
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