Profepa clausura tres predios en Bacalar

Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 6 de abril, 2017

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró tres predios en los ejidos [i]El Paraíso[/i], [i]El Bajío[/i] y [i]San Fernando[/i] del municipio de Bacalar, por no tener la autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante un operativo, personal adscrito a la delegación de la Profepa en Quintana Roo realizó inspecciones en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en diversos puntos donde se realizaron trabajos y actividades de desmonte de vegetación forestal, afectando mil 445.4 hectáreas.

La primera clausura fue en el ejido [i]San Fernando[/i] por realizar trabajos y actividades de desmonte sin la autorización de la Semarnat. Los inspectores constataron la afectación en una superficie de 113.4 hectáreas que contenían vegetación secundaria de selva baja espinosa, para el cultivo y siembra de sorgo y maíz, entre otros.

En [i]El Paraíso[/i], se afectaron 637.5 hectáreas, de las que 501.5 son de selva baja espinosa subperennifolia y 136 hectáreas a selva mediana, donde había palmas chit ([i]Thrinax radiata[/i]), nakax ([i]Coccothrinax radiata[/i]) y zamia ([i]Zamia zamiaceae[/i]), especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010 en estatus de Amenazadas (A).

Por último, la Profepa inspeccionó las áreas donde se llevan a cabo trabajos y actividades de desmonte en terrenos del ejido [i]El Bajío[/i], donde se constataron 694.5 hectáreas afectadas de palmas chit y zamia.

En los tres casos no se exhibió la autorización para realizar los cambios de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), en su artículo 165, Fracción ll, las infracciones podrán ser sancionadas administrativamente con la imposición de una multa de 100 (siete mil 549 pesos) a 20 mil días (un millón 509 mil 800 pesos) de la Unidad de Medida y Actualización, además de la clausura de actividades. Asimismo, y conforme a lo previsto en el artículo 418 del Código Penal Federal, los hechos pueden derivar en un delito penal y se podría imponer una pena de seis meses a nueve años de prisión, así como una multa por el equivalente de 100 (siete mil 549 pesos) a tres mil días (226 mil 470 pesos) de multa a quien desmonte o cambie el uso de suelo forestal.