Gustavo Castillo García
El gobierno federal deberá entregar al juzgado primero de distrito, con sede en Yucatán, copia certificada del decreto con el cual se declaró como cuestión de seguridad nacional el proyecto del Tren Maya, y por el que se revirtió la suspensión de las obras en el Tramo 5 Sur, que va de Tulum a Playa del Carmen.
En la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y como parte del desahogo del juicio de amparo 820/2022, se ordenó a la empresa Fonatur Tren Maya, que en un plazo de tres días “remita copia certificada del Decreto donde se advierta que el Proyecto denominado Tren Maya, pertenece a seguridad nacional”.
El juez Adrián Fernando Novelo Pérez señaló que si Fonatur no cumple “se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
Juicio por tramos 6 y 7
Ante el reinicio de estas obras, en contra de las que diversas organizaciones gubernamentales han promovido cuatro juicios de amparo a fin de que se suspendan, uno de los demandantes promovió una ampliación para que el juez Novelo Pérez ordene que no comiencen los trabajos de los Tramos 6 y 7 de este proyecto, cuya construcción estará bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta acción fue solicitada a través del recurso 923/2022, ya que los demandantes argumentan que el gobierno federal, a través de Fonatur Tren Maya, no ha cumplido con los derechos de vía; es decir, no ha concluido los procedimientos para que se inicien las obras por no tener la propiedad de los terrenos en los que se realizará el tendido de vías y el desarrollo del resto de la infraestructura que recorrerá 254 kilómetros de Tulum-Bacalar y 287 kilómetros de Bacalar-Escárcega.
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