Estoy de acuerdo en que se revise concesión de Aguakan en Quintana Roo: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a revisar la concesión de la empresa Aguakan, concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado en la zona norte de Quintana Roo, pues “ya son muchas las quejas de la gente… hay que poner un hasta aquí. Sí estoy de acuerdo en que se revise”. Y recordó que hay empresas que al verse obligadas a cumplir la ley siempre recurren al Poder Judicial y se amparan.

“Ya tenía conocimiento de esto, se me hace un abuso, un acto de prepotencia, creo que la gobernadora también está a favor de suspender ese contrato que le entregaron a esta empresa. Mi recomendación respetuosa sería que se actuara. Yo tengo antecedentes no buenos de esa empresa”, mencionó en la conferencia de prensa mañanera de este miércoles 24 de enero ante una pregunta directa sobre el tema.

El presidente comentó: “no se si sean los hijos del señor Ballesteros”, una familia cercana a los ex presidentes Salinas y Zedillo que, recordó, cuando se dio el Fobaproa tenía una empresa constructora que hizo la Autopista del Sol y fue rescatada por el Estado mexicano. 

Actualmente Aguakan está amparada contra la decisión del Poder Legislativo de Quintana Roo de revocarle la concesión, la cual aprobaron los legisladores en diciembre pasado. Aguakan ofrece desde 1994 el servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. Su concesión debía terminar en 2024, pero en el año 2014, en el sexenio del exgobernador Roberto Borge, se le concedió una ampliación anticipada por otros 30 años.

Ante las quejas constantes de la población sobre los cortes en el servicio, altos cobros e insuficiencia en la distribución del vital líquido, en el año 2021 se llevó a cabo una consulta popular en los cuatro municipios donde opera para conocer si la ciudadanía aprobaba el término de la concesión. En todos los municipios ganó el “Si” a cesar la concesión, pero sólo en Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos se logró el porcentaje de participación necesario para que fuese vinculante.

En diciembre pasado el Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad abrogar el decreto 250, por el cual se autorizó a la concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado una ampliación a la concesión por otros 30 años, con lo cual esta culminaría el 31 de diciembre del 2054. El acuerdo señalaba que a partir del 1 de enero del 2024 debía ser la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), un organismo estatal, quien ofreciera esos servicios.

Tras la decisión del Legislativo, Aguakan emitió un comunicado en el cual citó que “es indispensable para nosotros compartir los hitos que hemos alcanzado en los últimos 30 años de operación. Es prudente que la ciudadanía, nuestros vecinos, nuestros proveedores y colaboradores recuerden todo lo que hemos caminado juntos”.

“Revalidar con la ciudadanía las cifras reales, comprobadas y auditadas, que año con año hemos entregado como contraprestación a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. Dinero que sirve a cada una de estas instituciones también para desarrollarse, crecer e invertirlo en sus planes que benefician a la ciudadanía. Capital, que sin un organismo privado como Aguakan, no existiría”, mencionó el boletín.

A la par solicitó ante el Poder Judicial un amparo y el 22 de este mes el Juzgado Octavo de Distrito le concedió la suspensión definitiva a la empresa, lo que significa que mantendrá la concesión hasta que termine el juicio de amparo interpuesto. 

Respecto a este tema, a nombre del gobierno del estado la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, indicó: “La empresa no ha ganado ningún amparo, no ha ganado ningún juicio. Lo que está diciendo el Juzgado de Distrito es que siga prestando el servicio hasta que se resuelva el fondo del asunto. Este tema tiene más aristas, la revocación es apenas la punta de lanza”. Informó que contra la empresa hay un proceso penal y uno administrativo en marcha.  

Edición: Mirna Abreu