Propone Estefanía Mercado iniciativa para garantizar la reparación del daño moral en casos de muerte y lesiones

La reforma tiene por objeto hacer valer los estándares internacionales de derechos humanos
Foto: Congreso de Quintana Roo

La diputada Estefanía Mercado presentó al pleno legislativo del Congreso del Estado una propuesta de reformas al Artículo 132 del Código Civil de Quintana Roo que busca garantizar una reparación integral del daño moral en casos de muerte o lesiones permanentes o temporales.

Desde la máxima tribuna del estado, la presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, aseguró que la reforma tiene por objeto hacer valer los estándares internacionales de derechos humanos y la protección de los derechos fundamentales de las y los quintanarroenses.

“Tanto la jurisprudencia nacional e internacional como la propia Convención Americana sobre los Derechos Humanos establecen criterios claros en cuanto a la necesidad de garantizar una reparación justa y equitativa que contemple todas las dimensiones del daño sufrido por las víctimas y sus familiares”, expuso la diputada Estefanía Mercado.

La legisladora destacó que la iniciativa de reforma beneficiará a las y los ciudadanos quintanarroenses que enfrenten situaciones donde pidan reparación de daño moral, pero especialmente a los sectores más frágiles de la sociedad. “En esos casos, alcanzar indemnizaciones justas es fundamental para que las víctimas puedan continuar con sus vidas de la mejor forma posible”, precisó.

Actualmente, la legislación civil vigente en Quintana Roo establece sanciones mínimas y máximas para la indemnización por daño moral en casos de muerte o lesiones, lo cual limita la capacidad de los juzgadores para determinar una reparación integral del daño.

Por ello, la reforma propuesta servirá como un instrumento jurídico eficaz que permitirá a los jueces valorar adecuadamente las circunstancias de cada caso y garantizar una reparación por daño moral justa. Tras darle entrada, el Pleno de la XVII Legislatura lo envió a la Comisión de Justicia para su análisis y estudio.

Edición: Ana Ordaz


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