Desorden en mercados de Quintana Roo

Texto y foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 5 de diciembre, 2016

Los mercados de los municipios de Quintana Roo carecen de normas y de orden; además de que son un factor para la fuga de recursos públicos, de acuerdo a los resultados que arrojó la auditoría de desempeño que realizó el Órgano Superior de Fiscalización. Sin embargo, siete de los ocho ayuntamientos a los que se les hicieron las recomendaciones las ignoraron.

El auditor especial de la Auditoría superior del estado de Quintana Roo (Aseqroo), Francisco Flota Medrano, explicó que desde el segundo trimestre del año, se realizaron auditorías en los ocho de los 11 municipios de la entidad, en relación a la situación de los mercados, cuyo resultado generalizado es que no existe control adecuado en las concesiones.

Otro tema observado fueron los ingresos; a excepción de Felipe Carrillo Puerto, en el resto de los municipios no existe un manejo eficiente de los recursos; es decir, se debe capturar dinero por la renta de los locales, pero prácticamente existe una fuga de capital.

“El municipio tiene la obligación de promover el comercio local, de tener mercados públicos, pero en muchos de los casos no se cumple este objetivo”, explicó. Y es que en el caso de los municipios de Benito Juárez y Tulum, no se cuenta con mercados públicos.

En este sentido, la auditoría también estimó cuánto cuesta y cuánto genera cada uno de los mercados, lo que resultó en la aplicación de observaciones, pues en algunos casos hay costos elevados que deben disminuirse, como el caso de Othón P. Blanco, en donde se detectó un incremento desmedido de los costos de operación de los mercados y se recomendaron acciones que se pueden hacer en el capítulo mil en relación a la nómina.

Hay municipios, abundó Flota Medrano, que ni siquiera tienen planes o programas específicos. De hecho, hay algunos que no lo tienen considerado en sus planes de desarrollo.

“Todos fueron ya notificados; con tristeza decimos que la mayoría no ha atendido estas recomendaciones; si no cumplen pediremos que los órganos de control interno inicien procesos sancionatorios, porque el Congreso no tiene esas facultades”, dijo.

Las sanciones pueden ser desde la multa, hasta la inhabilitación del servidor público que ha incumplido; sólo Bacalar hizo caso a las recomendaciones.