Manuel Sánchez
Foto: Eduardo Kuyoc
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Domingo 20 de enero, 2019
El Partido Acción Nacional (PAN) comenzó con el registro de aspirantes a una diputación local para el actual proceso electoral en Quintana Roo.
De acuerdo a la convocatoria, en los distritos locales 1 con sede en Kantunilkín; 5, 6, 7 y 8 con sede en Cancún; 9 con sede en Tulum; 11 con sede en Cozumel, 12 Felipe Carrillo Puerto y 13 en Bacalar, los candidatos se elegirán con el método de elección de militantes.
Asimismo, se establece que los distritos 1, 6, 8 y 13 serán encabezados por mujeres. En caso del registro de un hombre en estos la solicitud sería desechada de manera automática.
Los demás distritos, la designación sería directa por lo tanto no habrá precandiaturas.
La convocatoria fue dada a conocer el 11 de enero de 2019, cuatro días antes de que se presentara el convenio de coalición con el PRD y Encuentro Social.
En dicha coalición el PAN tendrá las candidaturas de los distritos 5, 7 y 8 con sede en Cancún. En el caso del distrito 6, la candidatura le corresponde a Encuentro Social por lo cual no se ha establecido si se declarara desierto dicho espacio.
Hasta ahora entre los interesados para contender en el proceso interno como precandidatos está Carlos Orvañanos Rea por el distrito 7 y Eugenia Solís quien ha manifestado su interés en reelegirse y ser candidata por el distrito 8.
El registro de los abanderados concluirá a las 18 horas de este 20 de enero de acuerdo a la convocatoria.
La solicitud se presenta de manera directa en las instalaciones del PAN en la ciudad de Chetumal.
Entre los requisitos que se piden es contar al menos con las firmas del 10 por ciento de los militantes del distrito donde se aspire ser candidato.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada