La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Jueves 17 de enero, 2019
Quintana Roo redujo su índice de inseguridad del 92.8 por ciento al 89 por ciento de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Actualmente, se instalan más de mil 800 cámaras de video vigilancia en Cancún y se construye el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), además de que se implementó el Modelo de Prevención Quintana Roo.
La encuesta elaborada por el INEGI hace un comparativo entre los meses de septiembre y diciembre del 2018, además se aplicó en 70 ciudades del país, en donde se incluye a Cancún.
El resultado fue que en Cancún la percepción de inseguridad redujo al pasar de 92.8 por ciento a 89 por ciento, de acuerdo a las respuestas de los ciudadanos sobres si es más seguro el lugar donde viven.
Asimismo, de 73.1 por ciento al 69.3 por ciento bajó el porcentaje de las personas que se sienten inseguras en el transporte público; de 27.8 a 21.7 redujo el porcentaje de ciudadanos que consideran que la delincuencia permanecerá igual los próximos 12 meses; de 45.6 a 25.1 disminuyó el porcentaje de gente que opina que la delincuencia empeorará los siguientes 12 meses.
Más gente consideró más efectivo el desempeño de la Policía Municipal de Benito Juárez, pues se pasó de 15.6 a 24.3 por ciento y los ciudadanos consideraron un mejor desempeño de la Policía Estatal al pasar el porcentaje del 30.7 al 38.5 por ciento.
De manera general la encuesta analiza temas como: Sensación de inseguridad por temor al delito; expectativa social sobre la tendencia del delito; presenciar conductas delictivas o antisociales; y cambiar de rutinas por temor a ser víctima del delito.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada