Carlos Águila Arreola
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Viernes 14 de julio, 2017
Más de 360 millones de pesos en multas y sanciones, y casi 11 meses después, el servicio que presta la trasnacional Uber será regulado en un máximo de dos meses, confirmaron por separado Jorge Portilla Mánica, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), y Marisol Vanegas Pérez, secretaria estatal de Turismo (Sedetur).
El titular de la Sintra recordó que tuvo pláticas con el Sindicato de Taxistas y representantes de la trasnacional, y de entrada se restringió el servicio de la aplicación en los hoteles; si el turista contrata, aborda los vehículos en la vía pública.
Recordó que si bien Uber nació contra una ley vigente en la entidad, y que “tendría que ser modificada por el estado”, la plataforma tendrá que regularizarse; sin embargo, “tampoco se puede limitar al turista en elegir el transporte de su preferencia”.
Afirmó que el gobierno estatal está por llegar a un acuerdo para ambas partes, “para no monopolizar el tema del transporte y no limitar el desarrollo turístico de Quintana Roo”.
De su lado, Marisol Vanegas Pérez, señaló que “pronto se regulará el servicio de transporte de la plataforma Uber” mediante una iniciativa que se presentará al Congreso estatal, y no sólo buscará la formalización de la aplicación móvil”, sino de otras virtuales que ofertan el servicio de transporte.
Indicó que actualmente se afinan detalles para presentar la iniciativa, que buscará que la trasnacional ya no sea prohibida; el objetivo es, sostuvo, acabar con los conflictos entre taxistas y operadores de la aplicación.
“Creemos que en un par de meses ya se pueda presentar la propuesta”, aclaró.
En mayo pasado, la titular de la Sedetur declaró que la dependencia cabildeaba para que Uber fuera incluida en la modificación a la Ley de Tránsito y Explotación de Vías y Carreteras de Quintana Roo.
Recordó que la Asociación de Hoteles de Cancún pidió a la Sedetur mediar para detener los incidentes violentos entre taxistas y operadores, pese a que “la trasnacional trabaja fuera de la ley, y al turista no se le puede obligar a usar un medio de transporte”.
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