En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el año 2020 y publicado recientemente, los centros penitenciarios estatales de Cancún y Playa del Carmen obtuvieron una calificación de 7.0, observándose que estos no garantizan la integridad de las personas recluidas en ellos.
La CNDH evaluó primeramente el Centro Penitenciario Estatal Número 2 de Cancún, el cual obtuvo 6.81; en tanto que el Centro Penitenciario Estatal Número 4, en Playa del Carmen, recibió 7.19 de calificación, con lo cual ambos se ubican en el color amarillo de la escala de evaluación, según el Sistema Informático de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020.
En 2019 la calificación obtenida fue de 6.22, pero añadía al Centro de Reinserción Social de Chetumal y la cárcel de Cozumel, que el último omite.
El organismo defensor de derechos humanos evaluó cinco rubros: aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social de las personas privadas de la libertad y grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.
De ambos centros penitenciarios, solamente el de Playa del Carmen recibió una calificación aprobatoria en cuanto a condiciones de gobernabilidad, aunque registró dos acciones a la baja, que es de aspectos que garantizan una estancia digna y la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
En el caso de la cárcel de Cancún, ésta tiene una capacidad para 937 hombres y 54 mujeres privadas de su libertad, pero la población es de mil 391 hombres y 98 mujeres, y aunque la evaluación aún es baja, muestra una tendencia a mejorar. En cuanto a la cárcel de Playa del Carmen, su capacidad es para 389 hombres, y en 2020 concentró una población de 463 personas.
Específicamente del Centro Penitenciario de Cancún se detectaron temas como: deficiencias en los servicios de salud, hacinamiento y sobrepoblación; también carencias en la alimentación, en condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
Esta misma cárcel no cuenta con condiciones materiales e higiene en la cocina y en los comedores, así como de instalaciones suficientes para su funcionamiento.
Por otra parte, en cuanto a la reinserción social de las personas, se verifica como deficiente la separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de las personas privadas de su libertad y falta de actividades deportivas.
También destaca la inexistencia de cobros como extorsión y sobornos.
Edición: Estefanía Cardeña
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