El diputado morenista Julio Montenegro anunció una iniciativa que busca ampliar el término de cobranza extrajudicial ilegal para los avales, ya que sostuvo que actualmente en Quintana Roo los despachos de cobranza son inflexibles con los adeudos y realizan actos de hostigamiento, amenazas, violencia verbal, física y violación a los datos personales e incluso exhiben a los acreedores de la deuda, generando el incremento en las tasas de suicidios.
Según el diputado, de cada 10 suicidios, siete se relacionan a deudas en las que existió acoso y hostigamiento por parte de las empresas de cobranza o crédito. El legislador dijo que Quintana Roo saltó del sexto puesto nacional en el número de suicidios -que tuvo en 2016- al tercer lugar entre enero del año pasado a la fecha.
“Lo que hoy buscamos es proteger a los ciudadanos”, dijo el diputado al señalar que los bancos o tiendas departamentales, por ejemplo, tienen un seguro en caso de adeudo, y una vez que el deudor no puede pagar venden la deuda a un despacho de cobranza, los cuales no son regulados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Por ello, apuntó, se presenta esta iniciativa para que se proteja al deudor al modificar el Código Penal. “Condusef no puede regular los despachos de cobranza, y es por ello que actúan sin límites, llegando al hostigamiento e incluso a inducir a las personas a un estado dañino de salud mental”, dijo el legislador.
A la fecha, acotó, el Código Penal no contempla que las referencias personales puedan ser agraviados, pues también son hostigados.
“Si yo como aval o como referencia sufría los acosos de estas personas, no tenía el derecho de denunciar porque no estaba en el Código Penal, y por eso estamos incluyendo para que las referencias personales puedan denunciar el delito, los avales, los coobligados o cualquier persona ajena a la deuda”, sostuvo.
Además, propone prohibir y sancionar el hostigamiento mediante llamadas telefónicas, y que para que los cobratarios hagan actos de gestiones y cobranza, exista un documento donde el acreedor de la deuda apruebe que el despacho pueda acudir a cobrar.
“Los despachos de cobranza podrán ir a donde los acreedores de la deuda autoricen por escrito y en el horario acordado, claro que sin amenazar y exhibir, por lo que a partir de esta iniciativa se podría considerar un delito”, detalló.
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