Lucía Chávez, coordinadora de Investigación en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), denunció que la indolencia del estado de Quintana Roo es sumamente preocupante y exhortó a las autoridades a tomar acciones urgentes y reparar el daño.
“Se dieron diversos dictámenes de reparación a favor de las víctimas que representamos, sin embargo, éstos no fueron llevados a cabo de manera correcta. Siempre una reparación integral del daño debe contar con la participación de las víctimas y quienes las representamos y esto no fue así. Entonces presentamos diversas demandas de amparo en contra de la Comisión Ejecutiva del estado de Quintana Roo”, expuso.
A la par de varios procesos de amparo ante resoluciones que violentan a las víctimas, acusó, se han tenido acercamientos con las autoridades en busca de compromisos políticos para reducir la espera de tiempos judiciales, pero pese a las recomendaciones, el estado sigue peleando con las víctimas.
Precisó que existe una obligación estatal de reparar el daño, esto no es de la administración que se va o la que entra, sino del estado en conjunto, por lo que no importa el cambio de gobierno, se debe reparar el daño.
Lamentablemente, opinó, el estado no ha logrado respaldar con seguridad a las mujeres quintanarroenses, “no les ha garantizado seguridad para que no las maten y cuando protestan se comete una segunda victimización, porque al exigir sus derechos se dieron actos de violencia en su contra” y al pedir que los daños sean reparados, se revictimiza nuevamente al no haber respuesta.
“La indolencia del estado de Quintana Roo ya es sumamente preocupante, ya no puede seguir así, sí instamos a las autoridades a que den pasos hacia adelante para cumplir con los compromisos y con la reparación del daño, que es una de sus obligaciones constitucionales”, exigió.
Por su parte, la reportera Cecilia Solís, quien también fue víctima de bala el 9N, añadió que el proceso penal también tiene una carpeta parada, porque dos policías de tres están prófugos y no se ha podido avanzar; mientras que en la otra van en la etapa intermedia, pero también hay dilatación, porque pese a que uno de los involucrados ya cuenta con orden de presentación, la Fiscalía no lo ha buscado, cuando ellos saben que está en su casa.
“Sabemos que son 11 mandos que si bien no están en funciones, siguen recibiendo la protección y siguen cobrando a través del estado. Lamentablemente el Ministerio Público, que tiene la carga de la prueba, se ha visto muy pasivo, muy tranquilo… lo que quieren es que las víctimas se cansen y que el caso se vaya desechando”, agregó.
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