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Ana Ramírez
30/09/2025 | Cancún, Quintana Roo
Toda la modificación que se hizo para desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) y lo de sus equivalentes en los estados y municipios es un retroceso severo, opinó Cynthia Dehesa Guzmán, directora de la asociación civil Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia en Quintana Roo.
"Sin duda es un retroceso para el acceso a la información, de eso no hay ninguna duda. En los municipios de por sí ya eran las unidades donde era más difícil acceder a la información, porque sigue estando muy subordinado al poder Ejecutivo, o sea, en vez de estar separado en las unidades de transparencia eran parte del sistema del municipio", lamentó.
Indicó que, aunque en la práctica los órganos garantes locales ya presentaban deficiencias, su eliminación coloca a la ciudadanía en una situación de mayor vulnerabilidad, porque los municipios ya eran las unidades más opacas, pues las áreas de transparencia dependían de los presidentes o presidentas municipales, lo que dificultaba obtener datos públicos.
Antes, dijo, al menos en teoría, existía un órgano estatal que debía garantizar la entrega de información, pero en Quintana Roo ese órgano nunca funcionó bien. Con los cambios, dijo, la situación se agrava: menos recursos, menos autonomía y mayor discrecionalidad. De acuerdo con cifras difundidas por medios especializados, más del 95% de las solicitudes de información a nivel nacional no están siendo respondidas, tendencia que se replicaría en el estado.
La reducción presupuestal es otro factor que golpea al derecho ciudadano, y es que el presupuesto destinado a transparencia se ha reducido hasta en un 35%, cifra presentada como logro administrativo pero que en realidad significa menos capacidad de respuesta. “Si nos quitan el 100% del presupuesto y nadie accede a la información, eso es un retroceso, no un avance”, puntualizó.
Además, opinó, con la nueva normatividad los ciudadanos pierden la posibilidad de ampararse colectivamente ante la falta de acceso a la información. Ahora cada persona tendría que demostrar afectación directa y única para proceder legalmente, lo que en la práctica resulta inviable.
En Quintana Roo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una propuesta de reforma a la Ley de Transparencia, actualmente en revisión en la Consejería Jurídica. Diversas organizaciones, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), solicitaron que el proceso se realice bajo un esquema de gobierno abierto, con participación ciudadana.
“Hasta ahora no hemos recibido respuesta. Sabemos que, con estos cambios, la Secretaría de Anticorrupción será la encargada de la transparencia, pero al depender directamente del gobernador o gobernadora, no hay independencia. Eso nos deja en total indefensión”, advirtió.
El acceso a la información, enfatizó, no es un tema secundario ni exclusivo de periodistas y organizaciones civiles, sino un derecho clave, porque sin información no se puede luchar contra la corrupción ni garantizar otros derechos. Incluso funcionarios públicos dependían de las plataformas de transparencia para acceder a datos que no podían obtener de forma directa.
Reiteró que la falta de autonomía en los órganos de transparencia impactará negativamente en la capacidad de los municipios para atender solicitudes ciudadanas y en el ejercicio mismo de la democracia. “Lo que estamos viendo es un retroceso total. Ojalá las autoridades cumplan con su compromiso de incluirnos en la discusión de la nueva ley para, al menos, blindar algunos mecanismos de acceso”, finalizó.
Edición: Estefanía Cardeña
