Con el objetivo de proteger los derechos humanos y la dignidad de las víctimas y sus familias mediante aplicación de sanciones a quienes filtren o difundan imágenes, audios o videos relacionados con procesos legales, se presentó la iniciativa de ley para agregar el artículo 204 Ter al Código Penal de Quintana Roo, mejor conocida como Ley Ingrid.
La iniciativa fue presentada por el diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, así como las diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Érika Castillo Acosta, Linda Cobos Castro, Cristina Torres Gómez, Atenea Gómez Ricalde, Iris Mora Vallejo, Tyara Shleske de Ariño, Ana Pamplona Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva.
Contempla sanciones para quienes difundan, entreguen, publiquen, transmitan u oferten imágenes, audios, videos o documentos de los hechos, tales como el hallazgo, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal.
Edgar Gasca explicó que se busca sancionar a quienes indebidamente difundan imágenes, audios, videos o documentos de evidencia relacionada con los casos de violencia que vulneren los derechos, y dignidad de las víctimas, así como de la situación emocional de sus deudos.
De acuerdo con el documento, se propone prisión de dos a ocho años para cualquier persona que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferta, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito.
En la iniciativa se proponen de 2.5 años a 10.5 años de prisión cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud de las víctimas. Otra de las sanciones propuestas es la prisión de tres a 12 años cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.
Si el delito es cometido por servidores públicos, las penas aumentan hasta una mitad más, explicó el diputado Edgar Gasca.
La Ley Ingrid recibe este nombre debido a que el pasado 9 de febrero tuvo lugar el feminicidio de Ingrid Escamilla, las imágenes de su cadáver fueron publicadas en diferentes plataformas. Tras estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó una iniciativa en el Congreso de la capital para evitar que ese tipo de filtraciones vuelvan a ocurrir.
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