Joana Maldonado
Foto tomada de @CongresoQRoo
La Jornada Maya
Chetumal
Jueves 15 de diciembre, 2016
En lo que podría ser la eventual regularización de Uber en Quintana Roo, el gobierno del estado promovió una iniciativa ante la XV Legislatura para cancelar la facultad del Ejecutivo de entregar discrecionalmente las concesiones del servicio de transporte público, creando una comisión que deliberará solicitudes de concesión, que ya no serán privativas a los sindicatos de taxistas.
El secretario de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla Manica, entregó este miércoles al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Transporte de Explotación de Vías Carreteras del estado de Quintana Roo, cuyo propósito es retirar al Ejecutivo estatal la facultad de entregar las concesiones de transporte público.
“En anteriores administraciones, esto se utilizaba para enmiendas políticas, para regalarle a las personas que trabajaron en campaña o partidos políticos y al final la clase trabajadora salía perjudicada; se está metiendo la iniciativa del cambio de Ley”, refirió Portilla Manica.
En su oportunidad, el ex titular de Sintra, Fernando Escamilla, reconoció que se fortaleció el monopolio de taxistas y reveló que a partir del inicio de la administración de Roberto Borge Angulo se entregaron 2 mil 861 concesiones de taxis ruleteros, lo cual equivale a casi 10 por semana o un promedio de 476 por año.
Portilla Manica, en representación del gobernador Carlos Joaquín González, dio a conocer que como parte de esta iniciativa se crea una comisión consultiva de transporte del estado, integrada por el secretario de Gobierno, la propia Secretaría, el director de Transporte y la Secretaría de Finanzas y Planeación, que determinarán, con base en estudios técnicos y socioeconómicos, si el solicitante amerita una concesión.
No sólo los sindicatos tendrán facultad de presentar solicitudes para obtener concesiones, indicó el secretario, quien advirtió que serán las personas que más lo requieran quienes las obtengan.
Portilla Manica señaló que se respeta la iniciativa del diputado Emiliano Ramos Hernández, que busca criminalizar el pirataje, pero que a diferencia, estas reformas planteadas pretenden que se cree un mejor control de las concesiones.
Además, en los últimos dos meses se ha logrado recuperar 100 concesiones que estaban repartidas entre ex funcionarios públicos y que serán repartidas entre quienes lo ameriten, anunció.
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