Módulo clausurado en Quintana Roo

Carlos Águila Arreola
Foto: Archivo
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Lunes 5 de diciembre, 2016


El juez cuarto de distrito en Quintana Roo, Miguel Nahim Nicolás Jiménez, negó la suspensión definitiva solicitada por la empresa Barcos Caribe –del ex gobernador Roberto Borge Angulo y su familia–, respecto a la clausura de un módulo para venta de boletos e información turística, a unos pasos de los muelles de embarque.

Nicolás Jiménez estimó que la medida cautelar impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sanciona una infracción al medio ambiente en el lugar, reconocido como derecho humano por la Constitución.

Consideró que la medida impuesta a la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, una clausura total temporal al módulo ubicado en la 1ª Avenida Sur, esquina con calle 1 Sur Bis, en la colonia Centro de Playa del Carmen, tiene como finalidad proteger al medio ambiente.

En ese sentido, la empresa debe ceder al interés de la sociedad a tener un hábitat adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas.

La compañía sólo presentó a la Profepa copia certificada de la licencia de funcionamiento expedida por el ayuntamiento del municipio de Solidaridad con vigencia al 31 de diciembre de 2016, para la venta de boletos e información turística en el establecimiento.

Durante la visita de inspección, se constató la construcción de un módulo sobre 27 metros cuadrados con estructura de aluminio, piso de concreto, paredes recubiertas de acrílico, con una altura de 2.5 metros, techos de plafón con lona de vinil, y dentro un mostrador cubierto de granito color verde oscuro con altura de 1.5 metros, despegado del suelo.

Al momento de las actuaciones de los inspectores federales, el responsable del módulo no exhibió la autorización en materia de impacto ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La delegación de la Profepa determinó imponer, como medida de seguridad, la clausura total temporal de la obra hasta que el inspeccionado acredite contar con la autorización o exención en materia de impacto ambiental.

Las violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) son sancionadas administrativamente con el equivalente de 30 (dos mil 191 pesos) a 50 mil días de salario mínimo vigente (tres millones 652 mil pesos).

Barcos Caribe inició operaciones en febrero de 2015 con una tarifa de 69 pesos, viaje sencillo para quintanarroenses, 25 por ciento debajo de lo que cobran las otras dos navieras que brindan el cruce de Playa del Carmen a Cozumel y viceversa.