La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 50/2022/VG por el caso de José Eduardo Ravelo en Mérida, donde confirma que se violaron los derechos humanos de la víctima, que hubo detención arbitraria, retención ilegal, abuso, tortura, y agresiones por parte de la Policía y otras autoridades municipales y estatales, señala el documento.
“Tal y como se acreditó con las evidencias que corren agregadas en el expendio de queja, así como las opiniones médicas y criminalísticas, se cuenta con los elementos para evidenciar que las personas servidoras públicas adscritas a la Policía Municipal sometieron a José Eduardo a tortura, por uso excesivo de la fuerza por un lapso de 42 minutos”, indica la recomendación. Además de inconsistencias en la necropsia practicada al cadáver, añade.
El organismo recomienda a la Fiscalía General del Estado (FGE) continuar con las investigaciones de la presunta agresión contra José Eduardo, cometida supuestamente por los elementos que participaron en su detención, indica el texto.
En diciembre, un juez ordenó retirar de la página oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las plataformas digitales el comunicado de la dependencia sobre el caso de José Eduardo, en el que se señalaba que al joven no lo torturaron, ni lo violaron, sino que falleció a causa de una neumonía.
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“Se contó con elementos suficientes para acreditar las violaciones graves a Derechos Humanos, a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica con motivo de la retención ilegal y tortura derivada del uso excesivo de la fuerza y como consecuencia de la privación de la vida de PV (Personas Víctima de violaciones a los derechos humanos), imputables a autoridades del estado de Yucatán y del municipio de Mérida”, se lee en el documento proporcionado a La Jornada Maya.
De acuerdo con la recomendación de la CNDH, las violaciones a derechos humanos que se atribuyen al personal de la Policía Municipal se consideran graves en virtud de la multiplicidad de transgresiones a las garantías fundamentales, comprendidas dentro del contexto general de los hechos, su especial magnitud en relación con la naturaleza de los derechos afectados y la participación de agentes del estado, añade el documento.
De acuerdo con el análisis de las videograbaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de la comandancia de la Policía Municipal correspondientes a los días 21 y 22 de julio del 2021, después de que José Eduardo ingresó a la celda ocho, no se observan agresiones físicas por parte de elementos de la corporación, si se advierte “los sufrimientos generados con la acción de los policías municipales, quiénes utilizan la fuerza de manera excesiva, traduciéndose todos estos actos en tortura que constituyen la forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumana, la cual le fue infligida por un lapso aproximado de 42 minutos”.
Asimismo, otro hecho violatorio acreditado por el organismo nacional es la “inconsistencia que se observa en la necropsia” practicada de cadáver de José Eduardo.
La CNDH, según las evidencias que analizó, contó con elementos suficientes para probar “violaciones a los derechos a la libertad personal y a la seguridad jurídica por la detención arbitraria y posterior detención ilegal cometida en su agravio por parte de elementos de la Policía Municipal”, subraya el documento.
Para la investigación de los hechos la dependencia contó con la opinión en materia de criminalística realizada por personal adscrito a la CNDH, analizó las videograbaciones proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de las cámaras C4 que captaron los hechos, las zonas del parque de La Mejorada, parque de San Juan, parque Eulogio Rosado, el centro de Mérida en la calle 53 con 61, entre otros puntos de la ciudad.
También contaron con los informes rendidos por la Policía Municipal, carpetas de investigación iniciadas por la FGE y las entrevistas hechas a testigos.
Por lo anterior, la CNDH indicó que informará a la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal las consideraciones de esta parte inicial procedimiento administrativo para que comiencen una investigación en contra de las personas servidoras públicas que en el ejercicio de funciones participaron directa e indirectamente, autorizaron y consintieron la privación ilegal de la libertad de José Eduardo, señala la recomendación.
También exhorta a la FGE tomar en cuenta estas consideraciones para integrarlas en una carpeta de investigación.
“No murió de neumonía”: Dora María
Para Dora María Ravelo Echavarría, madre del joven fallecido, esta determinación del organismo nacional confirma lo que ha demandado, que su hijo sí fue “torturado y agredido, y se vulneraron sus derechos a manos de las autoridades municipales”.
“Es muy importante lo que la CNDH dice, ya ves que la Fiscalía General de la República dijo que murió de neumonía, que no se violaron sus derechos… Esto viene a confirmar sí fue torturado”, subrayó.
Asimismo, señaló que espera que con esta recomendación el caso se vea desde otra perspectiva, que su hijo “fue una víctima y no los policías” que, dijo, siguen afirmando que son inocentes. “Ya casi les salen alitas para salir volando”, indicó
Al presidente municipal de Mérida, la CNDH le solicita:
Ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares directos de la víctima, con motivo de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio, consistentes en derecho a la vida, la libertad e integridad personal y seguridad jurídica. También ofrecerlas por motivo de la retención ilegal y tortura derivada del uso excesivo de la fuerza que motivó la pérdida de la vida del joven.
Que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se otorgue a la madre de la víctima una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos.
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