Activistas de cinco países presentan declaratoria contra megagranjas porcícolas

Ante las amenazas al medio ambiente e impactos a la salud de la población, ocasionadas por las megagranjas, activistas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, organizaciones civiles de cinco países de América (Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Ecuador) presentaron una declaratoria en contra de las granjas porcícolas. 

En el documento, Declaración de América sin fábricas de cerdos, exigen el cese de la expansión de las mega fábricas de cerdos en el continente, piden no otorgar más permisos para este tipo de industria y el cierre inmediato de las mega fábricas de cerdos que se encuentran operando. 

Exigen respetar el derecho a la libre determinación, a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la industria porcícola.

Dieron a conocer lo anterior durante el Foro internacional sobre los impactos sociales y ambientales de las mega fábricas de cerdos, realizado este 25 de mayo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Cephcis, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Mérida. 

En el encuentro, se compartió la lucha de comunidades en contra de estos proyectos, los riesgos a la salud y al medio ambiente que han detectado los investigadores, los modelos sustentables que deben remplazar a estas granjas, entre otros temas. 

La declaratoria fue leída por José Clemente May Echeverria, integrante de Ka'anan Ts'onot (Guardianes de los cenotes) de Homún, en representación del estado de Yucatán. 

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“Este modelo agroindustrial, que se extiende desde Estados Unidos al resto de América, reproduce los patrones de explotación del capitalismo más voraz que afecta y despoja a los territorios indígenas, genera fractura del tejido social y cultural, violentando la vida pacífica de los pueblos, contaminando la naturaleza y potenciando la crueldad y explotación animal”, indicó. 

De acuerdo con la declaratoria, las operaciones de las mega fábricas de cerdos violan el derecho a la salud de las personas y de las comunidades, al agua y al saneamiento, el derecho a la integridad personal, los laborales, a la alimentación adecuada y el derecho a la información y la participación al dañar el medio ambiente de manera irreparable.

Además, precisó May Echeverria, estas mega fábricas producen una gran cantidad de desechos tóxicos y orgánicos que contaminan los suelos, el aire y el agua. Cuando los residuos de las mega fábricas de cerdos se descomponen, liberan sulfuro de hidrógeno, amoníaco y cientos de compuestos orgánicos volátiles, de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto invernadero a la atmósfera, señaló. 

“Los olores y la pestilencia causan náuseas, dolores de cabeza, mareos, secreción nasal, picor de garganta, ardor en los ojos, tos y dificultad para respirar. Además, afectan la salud respiratoria de las personas que viven cerca de estas instalaciones y se asocian a enfermedades respiratorias, como el asma en la niñez”, sentenció. 

Por otro lado, el documento también aborda a los animales. “Las condiciones de hacinamiento en las que viven los cerdos deprimen su respuesta inmune y facilitan la transmisión de enfermedades. Por ello, los animales son sometidos a una alta cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades y engordarlos rápidamente. Esta exposición constante a bajas dosis de antibióticos favorece el desarrollo de genes de resistencia a dichos antibióticos por parte de las bacterias. Además, las condiciones de hacinamiento pueden provocar nuevas infecciones y potenciales pandemias”.

Agregó que las operaciones de estos recintos industriales también amenazan el derecho a la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales de los pueblos indígenas y campesinos. 

Declaró que estas mega fábricas se establecen de forma desproporcionada en comunidades indígenas y afroamericanas, violando su derecho a la libre determinación, sin acceso a la información, sin evaluaciones de impacto ambiental y social, y sin su consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado. Lo anterior, aseguró, representa una forma del colonialismo ambiental. 

“Ante el abandono del gobierno y para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos provocados por la operación de mega fábricas de cerdos a los pueblos y comunidades, las y los firmantes señalamos firmemente que tenemos el legítimo derecho a organizarnos y defendernos. Este modelo agroindustrial genera despojo territorial, desplaza otras formas de vida, el patrimonio biocultural y afecta de forma negativa la vida comunitaria”.

Edición: Estefanía Cardeña