Luego de que el Senado de la República aprobara de manera unánime la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en Yucatán, la diputada Carmen González Martín –del Partido Acción Nacional– celebra que la entidad ya estuviera a la vanguardia en el tema gracias a la Ley 3 de 3 contra la violencia, misma que ahora, con esta aprobación, es validada constitucionalmente a pesar de la acción que había promovido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para frenarla.
La legisladora yucateca recordó que cuando fue aprobada en Yucatán la legislación 3 de 3 contra la violencia la CNDH se posicionó en contra, interponiendo una solicitud de inconstitucionalidad para la misma, ahora, señala que la aprobación del Senado brinda certeza, junto con la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al respecto.
“Que las senadoras y los senadores, por decisión unánime, hayan dicho que los deudores alimentarios no tendrán derecho a tener incluso INE (identificación del Instituto Nacional Electoral), licencia de conducir, pasaporte y crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, creo que nos pone en una posición de mucho orgullo en Yucatán para la certeza jurídica que dimos en una reforma”.
Destacó que las reformas tienen el objetivo de proteger a las niñas, niños y adolescentes y, en este caso, buscan evitar la vulneración a la falta de alimentos para las infancias; la finalidad es que se pongan al día con el pago de su pensión, dijo.
Para la entidad yucateca, detalló, será necesario modificar leyes secundarias, pues con la implementación de la ley 3 de 3, apenas lo han hecho en cuatro legislaciones, pero “nos faltan”.
Con esta aprobación en el Senado, señaló, ahora cada fracción legislativa en lo local tendrá que proponer acciones consecuentes para alinearse a este mandato nacional. “En el caso del PAN ya estamos estudiando algunas posibilidades de reformar algunas leyes secundarias que nos falten, precisamente, con miras a la elección 2024”.
Hoy es claro, la reforma que realizaron en Yucatán es constitucional, subrayó; aprovechó también para informar que, a través de la Fiscalía del Estado de Yucatán, existe un padrón de deudores alimentarios, “lo único que no es público y eso es lo otro que habría que ver, si se puede hacer público”.
Explicó que sería por un tema de derechos humanos, por la protección de datos personales, que no necesariamente podrán hacer pública esta información.
Los resultados de estas modificaciones, aseguró, comenzarán a notarse en seis meses aproximadamente, “como lo hemos tenido con violencia vicaria, donde cuando ya quedó en el Código Penal que la violencia vicaria es un delito, muchos papás […] las han buscado para acordar o entregarles los hijos de manera voluntaria, yo creo que esta reforma va a tener efectos muy positivos”.
Edición: Estefanía Cardeña
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