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La Jornada Maya
09/01/2025 | Mérida, Yucatán
Representantes legales de Inmobiliaria R4 señalaron que Fernando Barbachano Herrero ha llevado a cabo una campaña mediática basada en falsedades tras múltiples resoluciones judiciales adversas en el caso del hotel Mayaland de Chichén Itzá. Según Mario Antonio Matos López y Alicia Maldonado Peniche, abogados de la inmobiliaria, los tribunales federales han declarado improcedentes todos los recursos interpuestos por Barbachano, mientras que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ordenó el aseguramiento del inmueble tras aceptar una denuncia por fraude y despojo contra el empresario, quien incluso llegó a enfrentar una orden de aprehensión.
El conflicto se originó en 2020, cuando Barbachano Herrero acordó vender el hotel a Inmobiliaria R4 mediante un esquema de pagos. Sin embargo, tras recibir el segundo anticipo, Barbachano interrumpió toda comunicación y amenazó con rescindir la operación. Según reveló en enero de 2024, su cambio de postura fue motivado por el arrepentimiento al observar que la pandemia no se prolongó como inicialmente previó.
Los representantes de R4 presentaron como prueba un acta de entrega administrativa del 27 de octubre de 2024, donde Barbachano, a través de un representante, cedió formalmente las instalaciones del hotel. Este documento, sostienen, demuestra que la inmobiliaria ha actuado conforme a la ley y las resoluciones judiciales, mientras que Barbachano ha buscado anular el contrato extrajudicialmente y conservar los montos recibidos.
“Barbachano ha intentado politizar un asunto entre particulares y ejercer presión sobre las autoridades con fines ajenos a la justicia. Nuestra defensa continuará apegada al estado de Derecho, respetando las decisiones de los tribunales federales, de Quintana Roo y de Yucatán”, declararon los abogados.
Inmobiliaria R4 reiteró su confianza en que las autoridades actuarán con imparcialidad frente a lo que calificaron como campañas de desprestigio, presión y chantaje. “Seguiremos firmes en nuestra postura legal para garantizar el cumplimiento del contrato pactado”, concluyeron.
Edición: Emilio Gómez
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