Tras señalar que se defendería con todas las instancias posibles, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, afirmó que tienen sospechas de que la sentencia reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se debe a causa de una relación entre el magistrado Luis Espíndola Morales (quien dicta la setencia) y el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, pues la gobernadora afirmó que tiene en su poder una conversación entre ambos personajes.
Esta sentencia, que ya es efectiva, inscribe a la gobernadora por cuatro años al Registro Nacional de Agresores Políticos en Razón de Género y la obliga a realizar una disculpa pública.
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En el Martes del Jaguar, la mandataria, apoyada por Juan Pedro Alcudia, asesor jurídico del Gobierno del Estado, destacó que su sentencia ha sido inédita, mientras que el jurídico consideró que los cuatro años y seis meses de inscripción en el registro de agresores políticos es excesiva, exhaustiva e ilegal, pues ya había sido sentenciada a pedir una disculpa pública por orden de la Sala Regional de Xalapa, aunque esta disculpa no se dio.
Por ello, Sansores San Román exhibió una supuesta y corta plática entre Alito Moreno y el magistrado del TEPJF después de aparentemente haber cenado juntos, y donde el magistrado le señala a Moreno Cárdenas estar a sus órdenes, mientras que Alito le contestó que cuenta con su voto y el de todos ellos -priistas- para convertirse en el nuevo magistrado del Tribunal, pues dicha cena y plática fue en agosto del 2020, meses antes de ocupar un lugar en el Tribunal Electoral Judicial.
En el mismo tenor, la gobernadora puso en una balanza la sentencia de otros agresores políticos a quienes los inscribieron en el registro nacional por seis meses bajo el argumento de usar palabras referidas a ella no adecuadas; mientras que a ella y a otros periodistas de alcance nacional, así como al director de la Unidad de Comunicación Social (UCS) y de Televisión y Radio de Campeche (TRC), los inscribieron por años.
Finalmente, el asesor jurídico Juan Pedro Alcudia aseguró que de ser necesario llegarán hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para defenderse ante un ataque evidentemente orquestado por el presidente nacional del PRI, como parte de una cadena de favores entre él y el magistrado que retomó el caso de Sansores San Román y las diputadas federales y locales del PRI.
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