En Campeche, la violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes es un problema grave y urgente, al igual que en el resto del país. Sin embargo, para la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche (REDMYH A.C.), esta violencia presenta particularidades propias de la península.
Entre ellas destacan la prevalencia del vínculo familiar en casos de incesto, la impunidad social derivada del silenciamiento de las víctimas y la falta de acción de los testigos, cuya participación se ve desalentada por el escaso interés en la persecución de estos delitos, hasta el punto de constituir un problema estructural.
Para la REDMYH A.C., acompañar casos de violencia sexual es y ha sido una prioridad desde hace 15 años, litigando exclusivamente aquellos en los que las víctimas son menores de edad, carecen de recursos para la representación jurídica y/o solicitan acompañamiento durante el litigio. Estos procesos suelen prolongarse debido a fallas estructurales en el sistema de justicia, que aún refleja esquemas sociales de silencio hacia las víctimas y protección hacia los imputados.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2019 y 2021 se abrieron en Campeche 174 carpetas de investigación por violación. Esta cifra se disparó a 303 entre 2022 y 2024, lo que confirma no solo un aumento en los casos, sino también una mayor disposición de las mujeres a romper el silencio. Otros delitos sexuales muestran también un crecimiento preocupante: acoso sexual, 185 averiguaciones previas; abuso sexual, 936 carpetas de investigación.
En lo que va de 2025 (corte a junio), ya se han abierto 45 carpetas por violación, lo que significa que, en promedio, siete mujeres al mes son víctimas de violencia sexual en Campeche.
Como organización de defensa y protección de derechos humanos, la REDMYH A.C. plantea un modelo de acompañamiento de casos que incluye acciones estratégicas para visibilizar y contribuir a la transformación del sistema de justicia mediante el litigio estratégico. Este nos ha permitido advertir la persistencia de un esquema de protección y justificación de los agresores, dejando en estado de indefensión a las víctimas frente a las arbitrariedades del sistema, y evidenciando la perpetuación de prácticas machistas que vulneran aún más la vida y la dignidad de quienes se atreven a denunciar.
Los casos en los que las víctimas se ven en la necesidad de exponer mediáticamente su situación confirman lo que la REDMYH A.C. ha advertido respecto a la falta de atención integral. Esto se debe también a la inexistencia de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que demuestra que el Estado campechano ha incumplido con las leyes General y Estatal de Víctimas, llevando a que mujeres y niñas enfrenten una situación de mayor revictimización.
Además, persiste la falta de debida diligencia en las actuaciones, de conformidad con los principios de celeridad e inmediatez, lo que impide agotar todos los recursos disponibles en un tiempo razonable. Esto ha llevado a que muchas mujeres o familiares de niñas y niños víctimas desistan de continuar con las denuncias.
Para la organización, como defensora y protectora de derechos humanos, la acción inicia con el litigio, pero continúa con acciones comunitarias de apoyo a las víctimas, la demanda de procesos eficientes que garanticen la protección de sus derechos, así como la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para delitos de género previstos en el artículo 19 constitucional —incluyendo feminicidio y violación—, evitando el uso discrecional de este mandato, con pleno respeto a los derechos de las personas imputadas.
Como organización protectora de derechos humanos, la Red de Mujeres también demanda que las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia actúen con debida celeridad, oportunidad y eficiencia, y que garanticen el respeto a los derechos de las víctimas. Asimismo, exhorta al Ejecutivo, al Congreso del Estado y al Poder Judicial a revisar procesos, mecanismos y pendientes para atender la violencia sexual como un problema social que demanda cambios estructurales.
Las víctimas de violencia sexual son víctimas también de una sociedad que ha permitido y tolerado abusos desde el seno familiar hasta el ámbito escolar, donde docentes acosan y hostigan a sus alumnas y alumnos con la complicidad del silencio institucional. La falta de actuación con debida diligencia de quienes tienen el deber de denunciar hechos de acoso, hostigamiento, violencia sexual, trata y otras formas de explotación sexual contribuye a este círculo de impunidad.
Hay que recordar que una sentencia a favor de las víctimas de violencia sexual no es la cúspide de la justicia y reparación, pues con frecuencia enfrentan después rezagos judiciales, falta de aplicación de órdenes de aprehensión de manera oportuna y diligente, y omisiones tanto del Poder Judicial como de la autoridad ministerial. Estas fallas minimizan y olvidan la obligación de exhaustividad, causando demoras excesivas en el cumplimiento de sentencias y alejando a las víctimas de la tan anhelada justicia a la que tienen derecho.
Edición: Emilio Gómez
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