Fernando Camacho Servín
Foto: Tomada de la web
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Domingo 11 de febrero, 2018
El Congreso local de Quintana Roo analiza una reforma a la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, que le permitiría a empresas inmobiliarias y turísticas pagar para evadir la obligación de destinar un porcentaje de sus desarrollos habitacionales a áreas de recreo y zonas de conservación.
Así lo advirtió Araceli Domínguez, coordinadora del Grupo Ecologista del Mayab, quien señaló que con dicha reforma se acentuarían los daños al medio ambiente que ya son notorios en la entidad, debido al crecimiento caótico generado por los intereses económicos de corto plazo de los empresarios hoteleros.
En entrevista con La Jornada, la activista señaló que el Colegio de Biólogos de Quintana Roo le envió una carta al Congreso estatal en donde le advierte que, si se aprueba la mencionada reforma, se dejaría sin utilidad a diversas herramientas regulatorias, como el Plan de Desarrollo Urbano, donde se establece cuál es la máxima densidad poblacional en determinadas zonas.
Esos parámetros podrían ser ignorados o modificados sin ningún problema por las empresas constructoras, a cambio de una cierta cantidad de dinero otorgado a la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno quintanarroense.
Dicha situación, advirtió Domínguez, sería muy preocupante, tomando en cuenta que “el estado ya está sobredensificado, y meter esta reforma en donde (los empresarios) pueden pagar por no dar más espacio de áreas verdes o de conservación, es un error grande. Además estarían invadiendo una facultad que le corresponde a los gobiernos municipales”.
De acuerdo con la ambientalista, por cada cuarto de hotel que se construye en el estado, llegan entre 13 y 25 personas a trabajar en dichos centros de descanso, la mayoría de las cuales viven en zonas donde la infraestructura urbana es muy precaria.
Estudios de la investigadora Christine McCoy, puntualizó, “demuestran que a mayor número de cuartos de hotel, menor calidad de vida, porque los hoteles tienen plantas de tratamiento de agua y van resolviendo sus necesidades, pero toda la gente que llega a trabajar aquí, vive en condiciones terribles. Con la reforma, únicamente se está atendiendo los intereses de los empresarios, no los de los ciudadanos”.
Aunque las autoridades estatales anunciaron que van a realizar una consulta pública sobre el tema, “son como llamados a misa, porque finalmente hacen lo que se les da la gana. No se toma en cuenta que los ecosistemas donde se hacen los desarrollos urbanos tienen un límite y ya se rebasaron”.
Actualmente el polígono restrictivo comprende 15 kilómetros mar adentro, de Progreso a Sisal
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