Esta semana definirán destino de Uber en Cancún: ¿Qué se sabe?

El conflicto entre taxistas y Uber podría resolverse el próximo 11 de enero, pues de acuerdo a la lista de sesión que aparece de forma oficial en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, el segundo asunto a tratar ese día es precisamente el Amparo en revisión 334/2019, interpuesto por Uber México, aunque no se estableció la hora de la sesión.

El miércoles 11 de enero se tendría que determinar si el servicio que se presta a través de la plataforma de Uber es privado, lo que les permitirá operar en todo el estado sin necesidad de concesión, como lo establece la Ley de Movilidad local y a lo que los taxistas han mostrado total rechazo.

Fue apenas el 14 de diciembre pasado cuando se tenía agendada la sesión, sin embargo, el caso se dejó en lista por haberse tenido una falla en la publicación de la misma, no cumpliéndose el plazo que establece la ley, por lo que se ha dado esta nueva fecha.

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Ese día cientos de taxistas bloquearon los carriles laterales de la avenida Andrés Quintana Roo, frente a los juzgados del Poder Judicial de la Federación, donde se celebraría la sesión, además de hacer manifestaciones en otras partes del estado; advirtieron que se presentarían de nueva cuenta, de forma pacífica, para demostrar su rechazo ante la posible entrada de Uber.

Mientras tanto, 43 socios y socias conductores de Empresas de Redes de Transporte como Uber presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo por las agresiones y amenazas de las que son víctimas por parte de grupos de taxistas.

“Presentamos una queja, en contra de la Secretaría de Gobernación del Estado, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y Prevención del Delito, el Comisionado Estatal de la Policía Preventiva, y la Fiscalía del Estado. Nuestra queja es sencilla: acusamos que ninguna de las autoridades mencionadas nos protege frente a las constantes amenazas y agresiones que recibimos por ser conductores de transporte privado”, acusó Agueda Esperilla Soto, a nombre de 43 conductores y conductoras de plataforma.

Las amenazas se mantienen por grupos de taxistas a quienes acusan de hostigamiento constante, lo que además pone en peligro su integridad y la de sus familias. “Tampoco nos permiten ganarnos la vida de manera digna”, alegan los socios en el documento presentado ante Derechos Humanos.

Edición: Estefanía Cardeña