Carlos Águila Arreola
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Lunes 3 de abril, 2017
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló que hasta el momento en el estado no se ha girado ninguna orden de aprehensión contra su antecesor Roberto Borge Angulo; sin embargo, precisó que se han turnado cuatro denuncias a la Procuraduría General de la República (PGR) y dos más a la Fiscalía estatal contra su antecesor por diversos delitos, presunto lavado de dinero, y por “la venta ilegal de bienes públicos, terrenos de la reserva territorial”.
El mandatario quintanarroense señaló que aún no se tiene orden de aprehensión contra Borge, pero sí contra algunos funcionarios, principalmente de parte de la Fiscalía estatal, y adelantó que en esta semana se tendrá el resultado de otras auditorías, de derivarán en denuncias en las que también está involucrado el ex gobernador.
Un diario de circulación nacional dio a conocer que la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), información de recursos financieros de familiares y amigos del ex gobernador quintanarroense, pues tiene en la mira una supuesta red que se presume lavó recursos para el ex mandatario al comprar 24 terrenos.
Agrega que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pidió a la CNBV datos financieros de ocho personas y nueve empresas en la carpeta de investigación UEIORPIFAM-QR/0000749/2016, en la que Borge Angulo sería el primer objetivo.
Al mismo tiempo, la General de la República también investiga a Roberto Borge por presunto lavado de dinero en una empresa naviera que controla parte de los ferris de pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen.
De acuerdo con la información se investigan las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex mandatario; Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y del empresario gasolinero e inmobiliario Santiago Samuel Jiménez.
También las de Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador.
Las empresas que son investigadas por la compra de terrenos de alta plusvalía a precios de ganga son Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch y el rancho La Posadita, así como la inmobiliaria Maltico (Colegio Alexander), Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.
La investigación inició tras la denuncia que interpuso el actual gobierno encabezado por Carlos Manuel Joaquín González, en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014 a cargo del IPAE.
Las propiedades, que en conjunto tienen una extensión aproximada de siete millones 118 mil 309 metros cuadrados (711.8 hectáreas) y un valor comercial de cinco mil millones de pesos, fueron aseguradas por la PGR el pasado 24 de febrero.
El empresario Santiago Samuel Jiménez fue quien más terrenos adquirió, con 10 de los 24 y la madre del ex gobernador, con cuatro. Ninguno de los bienes indagados está a nombre de Roberto Borge.
Por otra parte, la Procuraduría General de la República también investiga a Roberto Borge por presunto lavado de dinero en una empresa naviera que controla una parte de los ferris de pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen.
Se trata de Barcos Caribe, que operan desde febrero de 2015 María de Lourdes Pinelo Nieto (secretaria del padre de Roberto Borge) y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, el abogado familiar, a quienes la SEIDO convirtió en blanco de sus pesquisas pues, sin una solvencia económica previa, aparecieron como prósperos empresarios en un giro muy costoso.
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