El 2022 no fue un buen año en el tema de violencia en Quintana Roo, especialmente para la violencia de género, por lo que en este 2023 hay mucho por hacer, reconoció Vanesa González, presidente del colectivo feminista Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS).
“Creo que no cerramos muy bien el año. Algo que ha sido importante es la visibilización que pudo tener el colectivo Verdad Memoria y Justicia en relación con personas desaparecidas, familiares desaparecidos, mujeres desaparecidas… sin lugar a dudas falta mucho por hacer en este 2023”, apuntó.
Lo que se necesita es que los presupuestos públicos se destinen específicamente a lo que se requiere, hacer un esfuerzo para salir de eventos superficiales como ponerse una playera naranja los días 25 y realmente trabajar con la población, con programas que partan de sus necesidades, declaró.
En Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, recapituló, principalmente en los primeros dos ayuntamientos, la mayor concentración de mujeres desaparecidas tenían entre 10 y 19 años, una población con la que se tendría que trabajar de manera urgente el tema de violencia de género con programas de prevención.
Algo que llamó la atención, añadió, fueron los datos que presentó la Fiscalía General del Estado, porque no están homologados a los del sistema federal, lo que les resultó muy extraño; por lo tanto, señaló que es muy importante trabajar en los sitios de mayores conflictos y comenzar a sumar a las zonas irregulares que también han sido ignoradas.
“Todo el sistema de justicia tiene diagnosticado cuáles son las zonas de mayores conflictos y allí habría que buscar programas de prevención. Otra cosa muy importante es que se puede trabajar con toda la población de asentamientos irregulares, población que el Inegi tampoco hace parte de sus estadísticas y si se ve la línea que maneja el Inegi, hay una línea recta y no considera los asentamientos en donde los niveles de violencia son gigantescos”, advirtió Vanessa González.
La violencia en estos sitios se da a nivel familiar en general, pero con mayor incidencia hacia las mujeres y aún más hacia las jóvenes, lo que requiere de un trabajo mayor de la justicia cívica para darle más fuerza a los cruces entre esa justicia cívica y la violencia de género, detalló.
Es necesario fortalecer el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVI), ejemplificó, poner mayores insumos para que se tenga la posibilidad de un trabajo más articulado y robusto, interconexiones institucionales en las que se integre el Instituto Municipal de las Mujeres, la policía, juzgados cívicos, “todos son parte de las estrategias que se requieren a favor de la comunidad”.
“No una política punitiva hacia la población, sino una política preventiva, eso sería de muchísima utilidad, en el sentido de que se le pueden dar herramientas a la población para contar con otras formas de resolución de conflictos que no sean a través de la violencia, bajando índices de alcoholismo, ir educando a la gente”, consideró la activista.
Para tratar que las faltas administrativas no escalen a delitos, insistió, se debe trabajar fuertemente en la prevención, en introducir una policía de proximidad, que se acerque a la ciudadanía, que brinde confianza, esté educada, conozca los derechos humanos y logre cambiar la historia que hay en el estado relacionado con la violación de esos derechos, finalizó.
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