Diputada Estefanía Mercado propone endurecer sanciones por maltrato animal en QRoo

Con el objetivo de reforzar la protección y bienestar de los animales en Quintana Roo y prevenir la normalización de la crueldad al establecer sanciones más severas por maltrato animal, la presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVII Legislatura, Estefanía Mercado, propuso reformas a los artículos 179-bis y 179-ter del Código Penal, así como los artículos 119 y 121 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, ambos de nuestro estado.

La propuesta busca modificar el Código Penal y la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado con el objetivo de endurecer las sanciones por maltrato animal. “Buscamos establecer penas más severas en los casos de crueldad animal y maltrato que ponga en peligro la vida o cause la muerte del animal”, explicó Estefanía Mercado.

Además, en la iniciativa de reforma, se plantea la aplicación de sanciones administrativas y la destitución para servidores públicos cuando estén involucrados en actos de maltrato y crueldad animal. 

En el Código Penal, la propuesta contempla modificar la pena para maltrato intencional que no ponga en peligro la vida del animal, actualmente de seis meses a un año de prisión y de 25 a 50 días multa, para que pase de uno a cuatro años de prisión y de 50 a 400 días multa, respectivamente.

Si el maltrato intencional causa la muerte del animal, se propone aumentar la pena actual, que es de uno a dos años de prisión y de 100 a 200 días de multa, a cuatro a seis años de prisión y de 100 a 500 días de multa. En ambos casos, si participaran funcionarios públicos, se aplicará la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar otro empleo público por un término igual al de la pena de prisión impuesta.

En la Ley de Protección y Bienestar Animal, las penas actuales para maltrato animal, que se sancionan con una multa, se propone que esta sea de 200 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el doble de lo previsto para otras conductas prohibidas por la ley; y en los casos donde el infractor sea un servidor público, se aplique una sanción administrativa que consista en la destitución en su cargo e inhabilitación para desempeñar otro empleo público por un término de 10 años.

“Con esta iniciativa, buscamos enviar un mensaje claro de que estas conductas no serán toleradas; asimismo, la aplicación de sanciones administrativas como la destitución para servidores públicos involucrados enfatiza la importancia de la responsabilidad de los funcionarios en la protección de los derechos de los animales y promueve una cultura de respeto hacia los mismos”, puntualizó Estefanía Mercado.

Edición: Emilio Gómez